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El Chatarrero, El Reciclador y El Gordo, presuntos integrantes de ‘Los Usurpadores’ a la cárcel

‘Los Usurpadores’, señalados de realizar exigencias ilegales de dinero a familias en el barrio Torres de Nueva Castilla de Ibagué.

Un juez penal con función de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra tres presuntos integrantes del grupo delincuencial conocido como ‘Los Usurpadores’, señalados de realizar exigencias ilegales de dinero a familias en el barrio Torres de Nueva Castilla de Ibagué.

La decisión se dio a solicitud de la Fiscalía General de la Nación, luego de un proceso investigativo que permitió identificar a los supuestos responsables de estas prácticas de extorsión. De acuerdo con el ente acusador, el cabecilla de la organización sería alias El Indio, actualmente recluido en la cárcel La Tramacúa de Valledupar (Cesar).

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El fiscal Gaula de la Seccional Tolima imputó a los tres procesados los delitos de concierto para delinquir agravado y extorsión consumada y en grado de tentativa, según la participación individual de cada uno. Ninguno de los señalados aceptó los cargos.

Durante cinco diligencias de allanamiento y registro adelantadas por el Gaula de la Policía Nacional en viviendas ubicadas en los barrios Nueva Castilla y Villa Cindy de la capital tolimense, se produjeron las capturas de Daniel Vargas Ovalle, alias El Chatarrero; Ricardo Antonio Estrada Valencia, alias El Reciclador; y Andrés Estiven Celemín, alias El Gordo o El Paisa.

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En los operativos se incautaron un arma traumática, varios teléfonos celulares, dinero en efectivo y documentos que contenían información de las víctimas. Estos elementos serán clave en el proceso judicial en curso.

Según lo establecido en la investigación, los procesados llegaban directamente hasta las viviendas de las familias, donde entregaban un celular a las víctimas. A través de una videollamada, alias El Indio intimidaba a los ciudadanos y exigía el pago de 20 millones de pesos, bajo amenazas de atentar contra sus vidas o de desalojarlos de sus residencias.

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Las autoridades señalaron que estas prácticas de presión ilegal generaron temor entre los habitantes de la zona, quienes eran objeto de hostigamientos permanentes. La evidencia recolectada permitió establecer el patrón de intimidación que, presuntamente, utilizaba esta organización criminal para obtener recursos ilícitos.

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