“El pico y placa sigue, pero falta definir quién lo firma”: secretaria de Ambiente del Tolima advierte sobre desorden en la vía Murillo-Manizales
Tras el primer fin de semana sin la aplicación del pico y placa en la vía Murillo-Manizales, la secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo del Tolima, Ericka Lozano, aseguró que la principal preocupación no fue únicamente el aumento del flujo vehicular, sino el comportamiento inadecuado de algunos visitantes, que incluso habría ocasionado reportes de afectación a la fauna silvestre.

La funcionaria explicó que, de acuerdo con la información conocida durante el fin de semana, muchas personas continuaron estacionando sus vehículos sobre la vía, pese a que se trata de un corredor ambiental y de contemplación, donde este tipo de prácticas están prohibidas.
“Lo que pudimos evidenciar, de acuerdo con diferentes reportes, es que efectivamente el comportamiento de la gente sigue siendo inadecuado. Lo hemos manifestado en reiteradas ocasiones: esta es una vía de contemplación y no se pueden detener en la carretera. Exista o no exista pico y placa, el comportamiento humano debe ser ejemplar. Cuando se obstaculiza el paso se generan este tipo de situaciones que precisamente estamos intentando controlar dentro del plan de manejo integral de la sentencia”, manifestó Lozano.
La secretaria recordó que la suspensión temporal del acto administrativo no significa que la medida de restricción vehicular haya sido eliminada. Según explicó, el pico y placa continúa vigente, pero actualmente existe una discusión jurídica para definir qué entidad tiene la competencia de expedir el nuevo acto administrativo que permita su aplicación. “El pico y placa sí o sí continúa. Lo que estamos resolviendo es quién tiene la competencia para firmar el acto administrativo que permita seguir aplicándolo. Es una situación jurídica que debe subsanarse y que esperamos resolver en las próximas reuniones con las entidades nacionales”, indicó.
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Lozano confirmó que para este viernes fue convocada una nueva reunión liderada por la Consejería para las Regiones, en la que participarán el Ministerio de Transporte, la Secretaría de Tránsito Departamental y demás entidades involucradas, con el propósito de definir de manera definitiva quién asumirá esa competencia. “La Consejería para las Regiones convocó una reunión con el Ministerio de Transporte y las autoridades departamentales porque existen algunos diferendos jurídicos que deben resolverse. Una vez se tome la decisión correspondiente, se informará también al magistrado que hace seguimiento a este proceso para que adopte las medidas pertinentes”, concluyó.




