El Tribunal Superior de Bogotá admitió para estudio una acción de tutela en contra de la Presidencia de la República, los ministerios de Defensa y del Interior, la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Dirección General de la Policía Nacional y el Comando Policía Metropolitana de Bogotá por la aparente vulneración de los derechos humanos por parte de las autoridades contra los manifestantes.
Cabe destacar que el paro en Colombia inició el pasado 21 de noviembre y continuará este 21 de enero de 2020 en diferentes plazas públicas del país, con el denominado ‘cacerolazo’.
La acción judicial fue interpuesta por diversas organizaciones sociales, de derechos humanos, estudiantes y docentes para exigir la protección del derecho a la protesta, la vida, la integridad y la libertad personal.
Allí se buscará “la forma de actuar de la Policía Nacional en el marco de las manifestaciones, incluyendo al Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD)” entre sus peticiones está limitar el uso de proyectiles potencialmente letales como el que causó la muerte del joven Dilan Cruz.
Es de resaltar que, la Procuraduría General de la Nación, en desarrollo de la investigación por la muerte del joven Dilan Mauricio Cruz Medina, durante una manifestación el pasado 23 de noviembre, solicitó al director de la Policía Nacional suspender de manera inmediata el uso de la Escopeta calibre 12 y su munición de impacto dirigido, empleada por el Escuadrón Móvil Antidisturbios para disolver revueltas, manejo de multitudes y bloqueos de vías; por falta de capacitación a los miembros de la unidad sobre el manejo de esa arma.
“Para el Ministerio Público el uso de la Escopeta calibre 12, -relacionada como un arma mecánica cinética-, en el control de disturbios por parte de la Policía Nacional representa un serio peligro para la comunidad, lo cual se ha hecho palpable no sólo en Colombia, sino de manera reciente en Chile y desde épocas pretéritas en varios países, tal como ha quedado documentado en distintas publicaciones a nivel mundial”.
Este 21 de enero seguirán las protestas en el país, por lo que se espera que la intervención de la fuerza pública, esté en la lupa de los grupos que interpusieron la tutela.
