Una década después de los hechos, la contratación pública en la «Tierra de la Tambora» vuelve a estar en el centro del huracán. La Fiscalía General de la Nación imputó cargos al exalcalde de El Espinal, Mauricio Ortiz Monroy, junto a seis personas más, entre exsecretarios de despacho y contratistas, por presuntas irregularidades detectadas en dos convenios suscritos en febrero de 2016.
📌 Los contratos en la mira de la justicia
La investigación de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Tolima puso la lupa sobre dos negocios jurídicos concretados al inicio de la administración de Ortiz Monroy. Según el ente acusador, los procesos contractuales habrían ignorado flagrantemente las normas de inhabilidades e incompatibilidades.
El primer caso involucra a Alberto Moncaleano Betancourth, contratado para apoyar la gestión de maquinaria pesada del municipio. Los investigadores descubrieron que el contratista era esposo de Ivonne Zulimar Forero Olaya, quien para esa época se desempeñaba como directora administrativa de Turismo y Emprendimiento de la Alcaldía.
El segundo contrato fue adjudicado a una empresa representada por Winston Mauricio Forero Olaya, señalado de ser hermano de la misma funcionaria.
Para la Fiscalía, la cercanía familiar no era un secreto para los altos mandos del gobierno local; sin embargo, las dependencias encargadas habrían certificado falsamente que los oferentes estaban libres de impedimentos legales para contratar con el erario.
👥 Los siete implicados en el proceso
Además del exmandatario local Mauricio Ortiz Monroy y de los dos contratistas mencionados, la Fiscalía vinculó formalmente a exfuncionarios clave que ocupaban carteras estratégicas en ese periodo:
- Juan Guillermo Cardozo Rodríguez: Exsecretario de Planeación, Infraestructura y Medio Ambiente.
- Miguel Ángel Carvajal Morales: Exsecretario de Gobierno.
- Lanny Yulieth Torres Rojas: Exjefa de Contratación.
- Ivonne Zulimar Forero Olaya: Exdirectora administrativa de Turismo y Emprendimiento.
⚖️ Sin aceptación de cargos y un largo camino judicial
Durante la audiencia de imputación, un fiscal delegado les endilgó a los siete procesados el delito de violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades.
Frente a los señalamientos de la justicia, ninguno de los implicados aceptó los cargos formulados por la Fiscalía. Las autoridades recordaron que esta vinculación y judicialización no constituye una sentencia condenatoria, por lo que será un juez de la república el encargado de evaluar las pruebas y definir la responsabilidad penal individual de los investigados en este caso que sacude el escenario político del Tolima.
