La Fiscalía General de la Nación presentó acusación formal contra el exalcalde de Cajamarca (Tolima), Julio Roberto Vargas Malagón, por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos durante su administración correspondiente al periodo 2020 – 2023.
Junto a Vargas Malagón, también fue acusado Luis Alberto Aponte Aponte, quien se desempeñó como secretario de Hacienda municipal. Ambos exfuncionarios son señalados de haber transferido, sin la existencia de un contrato previo, la suma de mil millones de pesos del patrimonio del municipio a una empresa privada.
Los hechos se remontan a enero de 2023, cuando, según la investigación liderada por un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Tolima, los hoy exfuncionarios habrían autorizado tres consignaciones —fechadas el 13, 17 y 19 de ese mes— a favor de una empresa de tecnología representada legalmente por Ilihn Alexander Cardona Díaz.
Cardona Díaz, también acusado formalmente por el delito de peculado por apropiación en provecho propio, habría recibido los recursos de forma directa y sin que existiera un acto administrativo o contractual que justificara la operación financiera.
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De acuerdo con la Fiscalía, esta transferencia vulneró el principio de legalidad en el manejo de los recursos públicos, puesto que el dinero consignado provenía del patrimonio económico del municipio de Cajamarca y no se halló documentación que respaldara una relación contractual o una contraprestación por parte de la empresa beneficiaria.
Aunque el dinero fue reintegrado en su totalidad, la Fiscalía decidió avanzar con la acusación, en la que señala a los exfuncionarios en calidad de coautores del delito de peculado por apropiación en favor de terceros, mientras que Cardona Díaz es investigado como interviniente directo en el presunto desvío de los recursos.
Este caso ha generado inquietud entre la comunidad cajamarcuna, que ha seguido de cerca el proceso judicial que ahora se traslada a una nueva fase. La audiencia preparatoria fue fijada para el próximo 24 de octubre, fecha en la que las partes deberán presentar los elementos materiales probatorios y los argumentos que definirán el curso del juicio.
Por ahora, los tres implicados permanecerán en libertad mientras avanzan las etapas procesales, aunque con el compromiso de presentarse ante las autoridades judiciales cada vez que sean requeridos.
Este proceso judicial se convierte en un nuevo capítulo dentro del seguimiento riguroso que la Fiscalía realiza a los casos de presunta corrupción administrativa en las entidades territoriales del país, y deja sobre la mesa una advertencia clara sobre las consecuencias legales de manejar recursos públicos sin el debido soporte jurídico y contractual.
La ciudadanía de Cajamarca espera que el caso se resuelva con transparencia y que se establezcan las responsabilidades correspondientes, en aras de garantizar el respeto por el erario y la confianza en las instituciones.
