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Siete exfuncionarios de la ANI imputados por irregularidades en la Ruta del Sol II

La Fiscalía ha presentado cargos contra siete exfuncionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) por presuntas irregularidades contractuales relacionadas con la construcción de un tramo de 528 kilómetros en la Ruta del Sol II. Se les acusa de haber realizado maniobras ilícitas que favorecieron al concesionario, generando beneficios técnicos, jurídicos y financieros.

Siete exfuncionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) enfrentan cargos por presuntas irregularidades contractuales en el marco de la construcción de un importante tramo de 528 kilómetros en la Ruta del Sol II, que conecta los municipios de Puerto Salgar (Cundinamarca) y San Roque (Cesar). La Fiscalía, a través de un fiscal del Grupo de Tareas Especiales para el caso Odebrecht, presentó estos cargos ante un juez con función de control de garantías en Bogotá.

Las personas imputadas incluyen a Alexandra Lozano Vergara, gerente de Proyectos y Gestión Contractual; María Clara Garrido, vicepresidenta administrativa; Beatriz Eugenia Morales Vélez, vicepresidenta de estructuración; y los asesores Harbey José Carrascal Quintero, Marcelo Enrique Cano del Castillo, Mónica Rocío Adarme Manosalva y Nora Patricia Acero Pérez.

La investigación realizada por la Fiscalía ha revelado que estos individuos, de acuerdo con sus respectivas responsabilidades, habrían participado en la aprobación de cinco modificaciones al contrato 01 de 2010, lo que resultó en beneficios técnicos, jurídicos y financieros para el concesionario, del cual formaba parte la constructora Odebrecht.

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Según las pruebas recopiladas, se sostiene que los procesados vulneraron los principios de transparencia, economía y responsabilidad, ya que las modificaciones contractuales carecían de estudios técnicos sólidos de conveniencia y planeación. Se alega que llevaron a cabo maniobras ilícitas para beneficiar al concesionario, mejorando su flujo de caja y permitiéndole recibir pagos anticipados sin haber concluido el proyecto, entre otras irregularidades.

Las investigaciones también revelaron que dos de las modificaciones al contrato extendieron los plazos para la ejecución de ciertos tramos de proyectos, lo que evitó que el concesionario enfrentara sanciones y multas considerables por incumplimientos, que ascendían a más de 35.883 millones de pesos. Se presume que se realizaron cambios en aspectos técnicos y formas de pago, permitiendo al concesionario acceder a un anticipo de 17.823 millones de pesos al que no tenía derecho, lo que causó una afectación financiera a la ANI por más de 2.227 millones de pesos.

Los exfuncionarios de la ANI han sido imputados por el delito de interés indebido en la celebración de contratos, aunque ninguno de ellos ha aceptado los cargos. Este caso representa un paso más en el proceso de esclarecimiento de irregularidades en proyectos de infraestructura de gran relevancia en Colombia.

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