La fiscalía y el Gaula y el ICA desarticularon una red conformada por 10 personas señaladas de elaborar y comercializar agroquímicos falsos, al mismo tiempo fueron incautadas 50 toneladas de insumos, maquinaria y producto terminado
Destrucción de cosechas, efectos adversos en los alimentos, riesgo inminente para la salud humana y contaminación de los recursos naturales serían algunas de las consecuencias graves e irreversibles que, según la evidencia obtenida por la Fiscalía, generaban los agroquímicos alterados o fraudulentos que elaboraba y distribuía una red delincuencial.
El CTI, adscritos a la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, capturaron a 10 presuntos integrantes de la organización ilegal en Cúcuta en Norte de Santander, Bucaramanga y Floridablanca Santander, Bogotá y Espinal en el Tolima.
En las diligencias fueron incautadas más de 50 toneladas de precursores líquidos y sólidos, producto terminado y maquinaria. Los procedimientos contaron con el apoyo del Gaula y el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), que otorgó el concepto técnico sobre la legalidad, calidad y autenticidad de los insumos que fueron materia de inspección.
Al parecer, las sustancias químicas ingresaban de contrabando, vencidas y en mal estado por la frontera con Venezuela. Las mezclaban y rendían indiscriminadamente con distintos elementos tóxicos, las envasaban y rotulaban como herbicidas, fungicidas e insecticidas en casas de familia y bodegas. Posteriormente, las comercializaban y enviaban a diferentes puntos del país en buses intermunicipales, vehículos de transporte escolar o como encomiendas.
De acuerdo con la fiscalía, tenían al servicio litografías dedicadas a simular las etiquetas, sellos y distintos mecanismos de seguridad de marcas reconocidas en el sector agropecuario; así como fábricas de empaques plásticos, tapas, cajas y todo lo necesario para darle la apariencia de autenticidad a las falsificaciones.
Adicionalmente, eran creadas empresas que, en realidad, servirían de fachada porque no tenían aval ni cumplían los protocolos de las autoridades competentes para el manejo de herbicidas, fungicidas e insecticidas.
Los indicios dan cuenta de que los productos alterados o fraudulentos habrían sido vendidos a distribuidores y agricultores de la Costa Atlántica, los Llanos Orientales, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Cundinamarca, Tolima, Huila y Arauca, entre otras zonas.
La fiscalá imputó a los 10 sindicados los delitos de: fabricación y comercialización de sustancias nocivas para la salud, usurpación de derechos de propiedad industrial, y concierto para delinquir
La fiscalía en su comunicado de prensa reveló los nombres y la función de cada uno de los integrantes de la organización delictiva
Arturo García Contreras, señalado distribuidor y propietario de una bodega utilizada como centro de empaque y almacenamiento en Bucaramanga.
Luis Francisco Ríos James, sería uno de los distribuidores de la red y coordinador del envío de los agroquímicos falsos desde Santander hacia la Costa Atlántica.
Arlevis Araque Álvarez, presunto encargado de la elaboración y alteración de las sustancias químicas y de las etiquetas en Cúcuta.
Hely Fernando Dávila Velasco, supuesto proveedor de etiquetas, sellos y tapas de diferentes marcas, mediante litografías en Cúcuta.
Julio Araque Reyes, estaría involucrado en la elaboración y distribución de productos agroquímicos en Cúcuta.
Gabriel Ibarra Pimentel, sería una de las personas más experimentadas en la elaboración de envases de plástico, los cuales enviaba de Bogotá a los distintos puntos de adulteración de agroquímicos en Santander, Norte de Santander y Tolima.
Jorge Luis Ospina Laiseca, presunto responsable de producir y distribuir agroquímicos falsos desde Bogotá, a través de empresas de mensajería.
Luz Marina Ospina Laiseca, señalada de la comercialización de productos agroquímicos falsos e insumos secos.
Nidia Patricia Aponte Páez, sería una de las encargadas del transporte, compra de materia prima y distribución de insumos en Cúcuta.
Óscar Alberto Navas Olivares, quien tendría un centro de producción y falsificación de las sustancias químicas en una finca de El Espinal (Tolima).