Hasta ahora, no hay reportes de alcaldes o funcionarios que hayan recibido amenazas debido a la creciente inseguridad en el departamento del Tolima, donde disidencias de las FARC han establecido presencia, especialmente en el sur.
«No hemos recibido ninguna denuncia, pero estamos preparados para actuar de inmediato en caso de que surja alguna. Tenemos protocolos establecidos desde la secretaría del Interior para brindar apoyo a cualquier funcionario público que se sienta amenazado», afirmó Guillermo Ignacio Alvira, secretario de convivencia y seguridad ciudadana del Tolima.
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Durante este año, la única información relevante se registró en enero, cuando el alcalde de Coyaima fue objeto de amenazas. Esta situación fue comunicada a la UNP para que la Policía Nacional llevara a cabo una evaluación de seguridad.
A pesar de la presencia de grupos armados disidentes en la región, no se ha materializado ninguna amenaza dirigida específicamente a los líderes locales o al personal gubernamental del Tolima.
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Las autoridades mantienen una postura vigilante y están listas para actuar ante cualquier indicio de peligro para la integridad de los funcionarios públicos en la región.
