«Con este espacio de diálogo no estamos validando ningún proceso de socialización de la Resolución 352 del año 2024, que nosotros tenemos absolutamente claro que con la expedición de esa resolución se está violando totalmente la autonomía territorial del departamento del Tolima y de los municipios que van a delimitar en la zona que se quiere declarar la APPA por parte del Ministerio de Agricultura», expresó la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, en un encuentro en Ibagué organizado por la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), en el que participaron gremios del sector agropecuario y la academia.
La mandataria expuso su postura y solicitó formalmente al Ministerio de Agricultura la suspensión de la resolución hasta que se realicen procesos de socialización amplios con actores clave, como alcaldes, concejos municipales, gremios, la asamblea departamental, la academia y demás interesados en el futuro del norte del Tolima.
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Matiz mostró su desacuerdo con las Zonas de Protección para la Producción de Alimentos (ZPPA) en el corredor agropecuario de la cordillera norte-occidental del Tolima. Esta área incluye los municipios de Falan, Villahermosa, Líbano, Murillo, Palocabildo, Casabianca, Herveo y Fresno.
Estudian posibilidad de suspensión
Dijo que le solicitó a la Secretaria de Planeación, Dora Montaña, que» estudie la viabilidad de la suspensión de la Resolución 352 del año 2024 y que se estudiara esa posibilidad porque en el artículo cuarto de esa resolución se establece claramente quese va a socializar por un término de cuatro meses, prorrogable por dos meses más y que después de que se vence ese término se procederá con la declaratoria de la zona de delimitación».
«Creemos que no es un tiempo suficiente porque no se ha llevado el proceso participativo que debe tener un acto administrativo como este, violando expresamente el artículo Séptimo del Acuerdo de Escazú y por esas razones que reiteramos y solicitamos la suspensión de dicho acto administrativo», recalco la mandataria.
Basándose en sentencias de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, Matiz reiteró que la resolución “elimina las competencias para decidir sobre el futuro del departamento, vulnera el principio de autonomía territorial, desconoce el derecho de consulta previa de las comunidades étnicas y transgrede la competencia exclusiva de los municipios sobre el uso del suelo”.
Asimismo, señaló que la resolución del Ministerio de Agricultura nunca fue socializada y que su rechazo a esta medida cuenta con el respaldo de los alcaldes de Falan, Villahermosa, Líbano, Murillo, Casabianca, Palocabildo, Herveo y Fresno.
Matiz también cuestionó que la medida no tuvo en cuenta el Plan de Desarrollo del Tolima, que define las especializaciones productivas de cada región.
«El Acuerdo de Escazú promueve procesos participativos, abiertos e inclusivos. Esta no es una oposición irracional. Exigimos respeto por la autonomía territorial. Todos estamos comprometidos con la producción de alimentos y la protección del medio ambiente. Sin embargo, si no somos escuchados, emprenderemos acciones judiciales, algo que preferiríamos evitar. Estamos listos para una discusión argumentativa y respetuosa”, concluyó Matiz.
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