Investigación a Director del Sena y Funcionarios por Irregularidades en Millonario Contrato Tecnológico
La apertura se relaciona con la revocación de un proceso de licitación pública para servicios tecnológicos en distintas sedes de la entidad, generando interrogantes sobre la justificación técnica y jurídica de esta decisión.
La Procuraduría General de la Nación anunció oficialmente la apertura de una investigación contra Jorge Eduardo Londoño Ulloa, director general del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), y otros cuatro funcionarios, por presuntas irregularidades en un proceso de contratación de la entidad.
La investigación surge a raíz de la expedición de una resolución que revocó la apertura del proceso de licitación pública destinado a contratar servicios tecnológicos para las sedes del Sena. La Procuraduría examinará la legalidad y justificación de esta decisión, enfocándose en determinar si existieron argumentos jurídicos y técnicos suficientes para respaldar la revocatoria.
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Los funcionarios adicionales bajo investigación son el jefe de la Oficina de Sistemas, Carlos Martín Coy Rodríguez, suspendido provisionalmente por tres meses; la directora Jurídica, Manuela Valentina García Cano, y la funcionaria María Ofelia Gallo Sisa.
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La Procuraduría indaga si la revocatoria del proceso afectó los derechos jurídicos del proponente Unión Temporal Sena 2.0, y si la entidad debió obtener autorización para dicha revocación. La suspensión provisional del jefe de Sistemas se justifica en su papel como ordenador del gasto y líder del proceso de selección.
El Sena tomó la decisión de suspender el millonario proceso de contratación en octubre, alegando que no se respetaron los principios de igualdad, responsabilidad y transparencia, ni los postulados de selección objetiva y pluralidad de oferentes. La Unión Temporal Sena 2.0, único oferente, conformada por Indra y Telefónica, expresó en un comunicado su desacuerdo con la decisión, sosteniendo que su propuesta cumplía con todos los requisitos exigidos.
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La investigación de la Procuraduría busca esclarecer los motivos detrás de la revocación y determinar si hubo actuaciones irregulares en el proceso contractual del Sena, un organismo clave para la formación y desarrollo profesional en Colombia.
