La Fiscalía General de la Nación ha imputado cargos al exalcalde de Pereira, Carlos Alberto Maya López; al exsecretario de Infraestructura, Milton Hurtado García; y al interventor, José Alberto Rojas Prieto, por presuntas irregularidades en la contratación de la construcción de la Avenida Los Colibríes.
Las investigaciones revelaron que el proyecto, que contemplaba una obra de 3.400 metros y tenía un valor superior a 32.037 millones de pesos, presentó múltiples irregularidades desde su inicio entre marzo y abril de 2021 hasta su finalización en diciembre de 2023. La Fiscalía detectó un presunto direccionamiento para beneficiar a un contratista específico, apropiación indebida de dineros y otras anomalías.
Otras noticias: Soldado hacía parte de una banda de atracadores en Ibagué – Don Tamalio
Uno de los hallazgos más preocupantes fue que el presupuesto del proyecto no estaba asignado y los estudios previos no estaban completos al momento de la adjudicación del contrato. A pesar de ello, se firmó un contrato con un oferente específico, violando la normativa vigente. Además, durante la ejecución de la obra, la administración municipal solicitó verbalmente cambios significativos en el trazado, incluyendo la expansión de cuatro a seis carriles y la ubicación subterránea de las redes eléctricas, sin contemplar estos cambios en la licitación inicial.
Estas modificaciones resultaron en dos adiciones presupuestales, una de 16.000 millones de pesos y otra de 4.300 millones de pesos, que se desembolsaron sin que la obra se completara, generando un detrimento patrimonial de 12.000 millones de pesos. La investigación también descubrió que la Alcaldía de Pereira presuntamente consignó información falsa en las actas para liberar los fondos al contratista, facilitado por informes de interventoría que falsamente indicaban el cumplimiento de las responsabilidades civiles.
Conozca nuestro grupo de Noticias y entretenimiento por WhatsApp.
⬇️⬇️⬇️
https://chat.whatsapp.com/LWqal1PnuaIEhIaJQbrnkN
La Fiscalía imputó a los tres implicados por falsedad ideológica en documento público; destrucción, supresión u ocultamiento de documento público; peculado por apropiación; contrato sin cumplimiento de requisitos legales; fraude procesal y prevaricato por acción. Los procesados no aceptaron los cargos y deberán cumplir medida privativa de la libertad en un centro carcelario.
