En un revés para la defensa del expresidente Álvaro Uribe, el juez 41 penal del Circuito de Bogotá ha negado por vez vez la solicitud de preclusión presentada por la Fiscalía en el proceso que lo involucra en los delitos de soborno de testigos y fraude procesal.
La juez ha cuestionado los argumentos presentados por la Fiscalía y ha determinado que el ente acusador no realizó una investigación adecuada ni fue coherente en su teoría del caso. Además, existen indicios que apuntan a la posible participación del expresidente Uribe en los delitos mencionados.
«Es evidente que la entidad investigadora tuvo que esforzarse en establecer todos los detalles de los hechos bajo investigación, es decir, actuar con mayor minuciosidad«, enfatizó el juez.
La Fiscalía había solicitado el cierre del proceso solicitado en dos argumentos principales: la falta de tipicidad de las conductas descritas y la insuficiencia de pruebas que demostraran la participación del expresidente en los delitos.
En relación al delito de soborno, el juez explicó que implica ofrecer beneficios a cambio de que una persona mienta total o parcialmente. Este delito se configura únicamente con la oferta, es decir, no es necesario que se concrete.
Respecto al fraude procesal, Implica entregar información falsa a un funcionario de la justicia con el objetivo de hacerlo incurrir en error. no se necesita que funcionario haya sido engañado, sino intentar engaño.
El juez afirmó que las llamadas entre el abogado Diego Cadena y el expresidente Álvaro Uribe constituyen una prueba válida en el caso.
En cuanto a los audios extraídos del reloj del testigo Monsalve, la jueza que las transcripciones realizadas por RTVC, ordenadas previamente por la Corte Suprema, son más precisas que las elaboradas por los investigadores de la Fiscalía.
Además, la jueza dijo que la Fiscalía tomó declaraciones de testigos basadas en rumores, como en el caso del condenado exministro Andrés Felipe Arias.
Con esta decisión, el proceso contra Álvaro Uribe continuará su curso, y se espera que se lleve a cabo el respectivo juicio para determinar su responsabilidad en los delitos imputados.
