En un país donde la muerte sigue siendo un tabú y el proceso burocrático parece diseñado para desanimar a los afectados, historias como la de Diana Rocío Patiño Contreras, emergen como un recordatorio doloroso pero necesario de las deficiencias en nuestro sistema de atención al ciudadano.
Diana relata su experiencia con un tono que oscila entre la tristeza y la indignación. Su padre falleció el 22 de septiembre de 2023, marcando el inicio de una serie de obstáculos que nunca imaginó enfrentar en medio del duelo.
«Presenté la solicitud de reembolso por el auxilio funerario el 9 de octubre de 2023″, recuerda Diana. «Vivo en Pereira, pero tuve que trasladarme a Ibagué para hacer este trámite, lo cual ya retrasó el proceso».
La respuesta a su solicitud nunca llegó. Después de meses de espera frustrante, decidió visitar las oficinas de pensiones de la Gobernación en la primera semana de enero de 2024 en busca de respuestas. Sin embargo, lo que recibió fue una explicación inquietante sobre la falta de personal contratado para manejar su caso y muchos otros.
«Me dijeron que tenían solo dos abogados de planta y que debía esperar a que volvieran a contratar para retomar mi caso», explica Diana. «Es inaceptable que tenga que esperar tanto tiempo por una respuesta».
Ante la falta de acción por parte de las autoridades, la mujer decidió presentar una tutela para exigir una respuesta a su solicitud. Aunque este paso debería haber sido innecesario, la falta de comunicación y acción por parte de la administración la dejó sin otra opción.
«El juez de tutela finalmente otorgó la tutela del derecho de petición que no había recibido respuesta», dice Diana. «Pero esto no debería haber sido necesario en primer lugar«.
Pero el problema no terminó ahí. A pesar del fallo de la tutela, las complicaciones persistieron. «Me llamaron el 13 de febrero, el mismo día en que se emitió el fallo, para decirme que mi correo electrónico estaba rebotando», comparte Diana. «Esto, después de meses de silencio y falta de comunicación».
Pero lo que vino después fue aún más desconcertante para Diana. La administración Departamental, le informó que debía pagar una suma de $300.000, porque la pensión que devengaba su padre, no se cumplí durante los 30 días del mes de septiembre y para cubrir el período del 23 al 30 de septiembre, ya que el reembolso completo se había realizado desde el día 22, el día del fallecimiento de su padre.
«Es absurdo», lamenta Diana. «¿Por qué no pueden simplemente ajustar los pagos para evitar estos problemas adicionales?».
La situación financiera de Diana se vio afectada por estos retrasos y complicaciones. «Tuve que pedir prestado el dinero para cubrir los gastos del funeral», dice. «Y ahora me piden más dinero para recibir el reembolso al que tengo derecho».
Lo que comenzó como un trámite burocrático rutinario se convirtió en una lucha contra la indiferencia y la negligencia administrativa. Diana, como muchos otros en situaciones similares, se enfrenta a un sistema que parece diseñado para desanimar y desgastar a los ciudadanos en sus momentos más vulnerables.
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A pesar de los obstáculos, Diana sigue adelante con determinación. «No puedo permitir que esta situación continúe», afirma. «Es injusto y necesito hacer oír mi voz».
Su historia es un recordatorio de la necesidad de una reforma en los sistemas de atención al ciudadano y un llamado a la acción para aquellos responsables de garantizar que los servicios gubernamentales sean accesibles, eficientes y compasivos para todos.
