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Fallo de la Corte Constitucional

Fue emitido el pasado 6 de abril por el máximo tribunal constitucional, que tras analizar el material probatorio le ordenó a un periodista rectificar la información que había difundido desde su cuenta de Facebook, en la cual informó sobre los supuestos actos de acoso laboral por parte de una jueza contra sus colaboradores.

“Denuncian acoso y matoneo por parte de la Juez de Sesquilé”. Así fue titulada la información publicada que, además, estaba ilustrada con una fotografía de la funcionaria que fue tomada de su perfil de Facebook.

El comunicador, que fue entutelado por la afectada, aseveró que según testimonios de varios extrabajadores del juzgado, fueron maltratados por la jueza con “tratos humillantes, burla constante, acoso laboral, intromisión en la vida íntima, insultos, amenazas y hasta la pretensión de inducir en error a un Juez con un documento dirigido a la Defensoría del Pueblo”.

Y aunque el titular de la cuenta de Facebook intentó obtener la versión de la funcionaria involucrada, ésta sólo envió a su secretaria a atenderlo. Según la publicación, la funcionaria judicial tenía vigentes una queja ante la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, y una más por acoso laboral ante el Comité de Convivencia Laboral de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

Sin embargo, la Sala consideró que el periodista debió verificar su razonabilidad o plausibilidad, y solicitar la versión de la persona implicada y/o de otras personas, y abstenerse, en todo momento, de inducir a error a los lectores o asumir una actitud parcializada.

Así mismo, la Corte Constitucional protegió los derechos fundamentales al buen nombre, a la honra y a la imagen de la jueza y, en consecuencia, ordenó al demandado rectificar la publicación “Denuncian acoso y matoneo por partede la Juez de Sesquilé”, de manera que la información fuera presentada de manera cuidadosa y conforme los parámetros jurisprudenciales expuestos.

Por ejemplo, le dijo que en lo expuesto en la publicación, referente al comportamiento de la jueza hacia sus funcionarios judiciales, deberá estrictamente limitarse a la información obtenida por las fuentes que aporta como pruebas, y no sólo ceñirse a lo manifestado por ellas sino realizar un esfuerzo diligente para verificar lo dicho.