Maquinaria amarilla decomisada a la ilegalidad dejará de deteriorarse para ponerse al servicio de la gente: Senador Miguel Ángel Barreto

Con el objetivo de evitar que los equipos incautados en operativos contra el crimen continúen deteriorándose a la intemperie o sean destruidos, el senador tolimense Miguel Ángel Barreto radicó un proyecto de ley que busca poner toda la maquinaria amarilla decomisada al servicio directo de las comunidades. La iniciativa legislativa plantea rescatar estos vehículos de alto valor operativo para destinarlos a la reconstrucción de infraestructura, mantenimiento de carreteras y la atención de emergencias en las zonas rurales del país.

Actualmente, gran cantidad de tractores, excavadoras y volquetes incautados a la minería ilegal terminan arruinados en patios de custodia o siendo incinerados por la fuerza pública en el lugar del operativo. Esta práctica representa una contradicción frente a la realidad de cientos de alcaldías municipales, las cuales carecen de presupuesto suficiente para adquirir o alquilar maquinaria pesada para reparar sus vías.

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Frente a esta problemática, el congresista tolimense cuestionó la destrucción de estos activos en un momento de altas necesidades presupuestales para los campesinos. «Radicamos un proyecto de ley debido a las preocupaciones que miles y cientos de colombianos nos cuentan permanentemente: cómo se quema la maquinaria amarilla que se incauta por la minería ilegal en Colombia. Esa maquinaria amarilla la necesitamos para las vías rurales, para las vías terciarias, que el 95% en Colombia se encuentra en mal estado», manifestó Barreto.

Para concretar la entrega de estos bienes, la propuesta crea el «Banco de Maquinaria Amarilla», un sistema administrado por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) que priorizará la asignación de los vehículos a los municipios de quinta y sexta categoría. Con este mecanismo, las administraciones locales podrán atender oportunamente las afectaciones viales provocadas por el reciente sismo, responder a emergencias invernales e impulsar proyectos productivos agrícolas.

De esta manera, el proyecto propone un cambio de enfoque para que los elementos utilizados en delitos se transformen en instrumentos de desarrollo social. «No es necesario quemarla. Utilicémosla para la gente de bien que lo necesita. Lo que antes estuvo al servicio de la ilegalidad debe convertirse en una herramienta para reconstruir los territorios que más lo necesitan», concluyó el parlamentario, señalando que la recuperación vial de las regiones debe ser la prioridad del Estado.