En medio de lo que ha sido la emergencia sanitaria a causa de la Covid-19, las autoridades sanitarias también le han puesto el ojo a las procesadoras de alimentos con el fin de evitar que los operarios puedan contaminar el producto antes que llegue al consumidor final.
Sin embargo, de acuerdo al informe publicado por el Invima en el que se conoce el estado de las Plantas de beneficio animal inscritas en el instituto, se ha podido establecer que solo tres están cumpliendo con las normas básicas de salubridad, entre ellas Ibagué.
En un estudio realizado por la Asociación Regional de Cooperación (Arco), al igual que en el informe del Invima, existen 39 establecimientos de sacrificio animal que se encuentran en estado ‘critico’, es decir, son considerados de alto riesgo para los consumidores.
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Entre ellos están los mataderos ubicados en Suárez, Saldaña, Natagaima, Flandes, Anzoátegui, Ataco, Coello, Falan, Ortega, Cajamarca, Chaparral y Dolores, Roncesvalles.
Entretanto, los que quedan ubicados en los municipios de Cunday, Espinal, Fresno, Guamo, Honda, Mariquita e Ibagué, a pesar que cumplen de manera básica las condiciones o normas sanitarias, requieren que sean reubicadas.
El estudio revela que de continuar estos lugares operando bajo las precarias condiciones, pondrían en alto riesgo la salud de los tolimenses que consumen la carne que se procesa en esas plantas de beneficio.
Al respecto, el secretario de Desarrollo Agropecuario del departamento, Diego Matiz en entrevista con Dontamalio.com, explicó que las diferentes entidades que son responsables de verificar el cumplimiento de las normas sanitarias, han estado trabajando y emitiendo circulares con el fin de persuadir a los operarios de las plantas de beneficio a que cumplan con las medidas.
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Indicó que efectivamente es una problemática de salud pública del departamento con relación a estos establecimientos, que se tiene en el radar de la Gobernación departamental.
“Lo que hacemos nosotros es hacerle seguimiento a las plantas de benéfico para que cumplan con las normas sanitarias, mismas que les hace falta cumplir por lo que deben acatar compromisos. Estuvimos enviando circulares para que se haga el respectivo control de legalidad y evitar que existan plantas clandestinas y que se cumplan con la guía de transporte de la carne”, indicó el funcionario.
Concluyendo que, “es una problemática muy grande, vemos que la nueva normatividad es estricta y compleja de cumplir, pero estamos haciendo junto con las demás entidades el respectivo seguimiento”
Así las cosas, se espera que las autoridades competentes como lo son la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Secretarías de Salud, Cortolima, Invima entre otros, realmente le presten atención a la grave situación que registra el departamento, dado que si no se tiene el respectivo control de las personas que operan en las plantas de beneficio como las herramientas que se utilizan entre otras medidas sanitarias que deben cumplir, ponen en riesgo a aproximadamente el 82% de la población tolimense en contraer algún tipo de enfermedad.
