El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural expidió la resolución 0241 del primero de agosto de 2025 que establece un régimen de libertad regulada de precios, fijando valores mínimos de compra en diferentes regiones del país, con el fin de proteger a los productores de arroz paddy verde y garantizar transparencia en la cadena de comercialización.
La resolución fue expedida, luego del concepto favorable emitido por la Superintendencia de Industria y Comercio, en el que la entidad consideró que el acto administrativo cumple con finalidades constitucionales “relacionadas con la protección especial del campesinado, la garantía de la soberanía y seguridad alimentaria, y la promoción del desarrollo rural integral como manifestación del interés general”.
El espíritu de la normativa reconoce los costos de producción del arroz paddy verde mediante la definición de un precio mínimo de adquisición por zona.
Para la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Carvajalino, “este acto administrativo, cuya naturaleza es excepcional y transitoria, será objeto de monitoreo permanente por parte de este Ministerio, y estará acompañado de la puesta en marcha de un régimen de libertad regulada de precios para el arroz blanco, un plan de choque para el control de contrabando con participación de la Polfa y la DIAN, y otras medidas de competencia del Ministerio de Comercio”.
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Esta estrategia integral es una demostración del compromiso que tiene el Gobierno del presidente Gustavo Petro con las y los productores de arroz, la sostenibilidad de la cadena y la consolidación de la soberanía y la seguridad alimentaria.
Por su parte, Diana Marcela Morales, ministra de Comercio, Industria y Turismo, enfatizó que “hemos asumido el compromiso de evaluar la viabilidad de medidas concretas para promover la estabilidad del sector arrocero y garantizar la efectividad de la regulación de precios. Desde el MinComercio haremos el análisis de instrumentos de defensa comercial y la implementación de mecanismos de control aduanero para combatir prácticas ilegales que pueden generar el ingreso de arroz a precios artificialmente bajos”.
Las consideraciones del Ministerio de Agricultura
En la Resolución se indica que durante el primer semestre de 2025, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural advirtió de un fuerte desequilibrio en el mercado del arroz paddy verde, provocado por la caída de los precios pagados al productor, que se ubicaron por debajo de los costos reales de producción. La situación se agravó con la acumulación de inventarios: solo en junio se registraron 534.940 toneladas de arroz paddy seco, una cifra que supera en 57,7 % el promedio histórico entre 2015 y 2024, ejerciendo una presión adicional sobre los precios y profundizando la crisis del sector.
Entre enero y diciembre de 2024, el precio real del arroz paddy verde cayó 11,8 % y se mantuvo estable en el primer semestre de 2025 en torno a $1.422.482 por tonelada, mientras que los costos de producción continuaron en aumento (1,7 %). Ante esta situación, el Ministerio decidió mantener el régimen de libertad vigilada a toda la cadena del arroz, obligando a los actores a reportar información sobre precios, zonas productivas y demás variables que inciden en la formación del valor del producto.
Estas razones anteriores llevaron a los arroceros a entrar a paro el pasado 14 de julio, situación que fue atendida por el Ministerio, que tras reuniones con el Comité del Paro y gobernadores de departamentos productores de arroz llegaron a un acuerdo en el que uno de los puntos era el precio del arroz paddy verde
La resolución
En la resolución se indica que la medida aplica a todos los adquirentes de arroz paddy verde en Colombia, quienes estarán obligados a pagar al menos los valores establecidos por el Ministerio, según costos reales de producción y condiciones regionales.
Los análisis técnicos de las principales zonas productoras permitieron establecer que los precios por tonelada de arroz paddy verde quedan así: Bajo Cauca $1.491.478; Centro, $1.589.489; Costa norte, $1.512.785; Llanos, $1.457.387, y Santanderes $1.555.398.
Además, la resolución fija criterios técnicos obligatorios para la formación de precios, con porcentajes máximos permitidos de humedad e impurezas que varían según la zona. Por ejemplo, en los Llanos se acepta hasta un 25 % de humedad y 5 % de impurezas, mientras que en el Centro los límites son de 24 % y 3 %, respectivamente.
También, todos los compradores deberán reportar semanalmente al sistema Siriarroz los precios pagados, el volumen adquirido, ubicación de la compra y condiciones de pago. Quienes incumplan con esta obligación podrían enfrentar investigaciones y sanciones por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.
Hasta que el sistema esté completamente habilitado, el Ministerio pondrá a disposición un formulario temporal de reporte a través de su sitio web.
La resolución también contempla mecanismos para la mediación técnica entre productores y agroindustria en caso de desacuerdos, así como canales oficiales para presentar peticiones o reclamos. La identidad del peticionario será tratada con confidencialidad y, de ser necesario, se dará traslado a la Superintendencia para las actuaciones pertinentes.
El Ministerio adoptará medidas de vigilancia, promoverá la negociación transparente en la cadena productiva y suscribirá convenios interinstitucionales para asegurar el cumplimiento de la normativa.
La resolución no deroga la Resolución 000085 de abril de 2022, que regula la libertad vigilada en toda la cadena del arroz, y estará vigente desde su publicación hasta que se considere que han cesado las condiciones que motivaron su implementación.
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