La Colosa vuelve al centro del debate: Mineros S.A. compra el proyecto por USD 70 millones y revive tensión minera en Cajamarca

 El anuncio, que involucra una transacción potencial de 70 millones de dólares, generó sorpresa entre autoridades locales, líderes comunitarios y sectores políticos, especialmente por el antecedente de la consulta popular de 2017, en la que más del 97 % de los votantes rechazó la minería en el territorio.

Mientras la compañía sostiene que su intención es impulsar un proyecto basado en el diálogo comunitario y la sostenibilidad, desde el municipio y sectores ambientalistas se advierte que la decisión podría entrar en conflicto con la voluntad popular expresada en las urnas y con decisiones locales recientes orientadas a proteger el territorio.

El episodio reabre una discusión nacional sobre el alcance de las consultas populares, el rol del Gobierno nacional en la política minera y el equilibrio entre desarrollo económico y protección ambiental.

La compra que reactivó un proyecto paralizado por casi una década

El 9 de marzo de 2026, Mineros S.A., compañía colombiana con sede en Medellín y más de cinco décadas de operación en minería de oro en América Latina, anunció que firmó un acuerdo definitivo para adquirir el 100 % de la participación en el proyecto de exploración de oro La Colosa.

La operación se realizará mediante la compra de todas las acciones de AngloGold Ashanti Colombia S.A.S., filial de la multinacional sudafricana AngloGold Ashanti, titular del contrato de concesión minera identificado con el código EIG-163 en el Registro Minero Nacional.

El acuerdo contempla dos componentes financieros:

• 10 millones de dólares en efectivo al cierre de la operación.

• Hasta 60 millones de dólares adicionales condicionados a la aprobación de un plan de trabajo y obras (PTO) y a la obtención de una licencia ambiental.

La empresa señaló que la transacción se realizará libre de deuda y que se espera su cierre durante el primer trimestre de 2026, sujeto a condiciones regulatorias habituales.

Según estimaciones históricas divulgadas por AngloGold Ashanti en 2024, el proyecto tendría 23,35 millones de onzas de oro en recursos indicados y cerca de 4,98 millones de onzas en recursos inferidos, cifras que convertirían a La Colosa en uno de los depósitos auríferos más grandes del mundo en etapa de exploración.

No obstante, Mineros aclaró que aún no ha verificado técnicamente esas estimaciones y que sería necesario realizar estudios adicionales antes de clasificarlas como recursos minerales vigentes.

La promesa de Mineros: minería responsable y diálogo con las comunidades

En su comunicado oficial, la compañía señaló que su decisión refleja una confianza en Colombia como jurisdicción minera y afirmó que su experiencia local podría facilitar un mejor relacionamiento con autoridades y comunidades.

La empresa también anunció que pretende distanciarse del pasado del proyecto, incluso mediante un proceso participativo para cambiar el nombre de La Colosa, con el fin de construir una nueva identidad que refleje las prioridades del Tolima.

Según Mineros, cualquier avance del proyecto dependerá de tres condiciones fundamentales:

• Claridad regulatoria

• Licencia ambiental

• Consenso comunitario

La empresa sostiene que su enfoque se basa en responsabilidad ambiental, participación ciudadana y sostenibilidad, y que buscará trabajar con actores locales para definir el futuro del proyecto.

Cajamarca: sorpresa y preocupación en el territorio

En Cajamarca, la noticia generó inquietud inmediata entre autoridades y líderes comunitarios. El alcalde del municipio, Camilo Valencia, cuestionó lo que considera una contradicción entre las decisiones del Gobierno nacional y la realidad del territorio.

Según el mandatario, la Agencia Nacional de Minería habría decidido en 2025 no prorrogar la suspensión por fuerza mayor que durante años permitió a AngloGold Ashanti mantener inactivo el título minero.

“Durante mucho tiempo el Gobierno le otorgó la fuerza mayor a la empresa, pero en septiembre del año pasado le dijo que no más, que debía continuar con sus obligaciones de exploración. En pocas palabras, el Gobierno nacional le está diciendo al titular del contrato que debe volver a operar, aunque al municipio no se le haya notificado”, explicó Valencia.

El alcalde sostiene que Cajamarca se enteró del negocio a través de los medios y no mediante un proceso formal de comunicación institucional.

“Se suponía que iba a ser el Gobierno el que iba a retirar a esa empresa en su momento, pero ahora nos encontramos con que será otra compañía la que llega al proyecto”, afirmó.

El peso de la consulta popular de 2017

El principal argumento de quienes rechazan la reactivación del proyecto es la consulta popular realizada en marzo de 2017, considerada un hito en la historia ambiental del país.

En esa votación, más del 97 % de los ciudadanos de Cajamarca dijo “no” a la minería en su territorio, lo que llevó a la suspensión de las actividades del proyecto y a la salida progresiva de AngloGold Ashanti.

Para sectores ambientalistas, esa decisión representa un mandato ciudadano que sigue vigente.

El concejal Cristian Murillo, del Partido Alianza Verde y uno de los líderes del movimiento ambiental local, afirmó que el anuncio de la compra genera preocupación.

“La noticia nos toma con sorpresa. El mandato de la consulta popular de 2017 fue claro: Cajamarca dijo no a la minería. Cambiar de empresa no cambia la decisión del pueblo”, señaló.

Nuevas medidas locales para frenar la exploración

El concejal Murillo también lideró recientemente un proceso político que busca reforzar la protección ambiental del territorio.

En 2026, el Concejo de Cajamarca aprobó el Proyecto de Acuerdo 05-2026, impulsado por iniciativa ciudadana con más de 5.000 firmas, que declara 33 predios adquiridos por AngloGold Ashanti como bienes de utilidad pública e interés social.

Según sus promotores, esta medida busca priorizar:

• la conservación ambiental,

• la protección de recursos hídricos,

• y el desarrollo agropecuario.

Para los líderes comunitarios, esta decisión también serviría como barrera frente a nuevas exploraciones mineras.

“Cajamarca reafirma la protección de sus recursos naturales. Claramente no vamos a estar de acuerdo con ningún proyecto minero”, afirmó Murillo.

La decisión de la Agencia Nacional de Minería

El contexto de la compra también está marcado por una decisión tomada en septiembre de 2025 por la Agencia Nacional de Minería (ANM).

En ese momento, la entidad negó el recurso de reposición presentado por AngloGold Ashanti, que buscaba extender la suspensión de las obligaciones del título minero del proyecto La Colosa.

La ANM explicó que la determinación se tomó tras un proceso probatorio que incluyó información de Cortolima, el Ministerio de Ambiente y la Procuraduría General de la Nación.

La decisión estuvo relacionada, entre otros factores, con pronunciamientos del Ministerio de Ambiente sobre la solicitud de sustracción de área de una reserva forestal y con conceptos de autoridades ambientales sobre permisos pendientes.

Según la entidad, estas medidas se enmarcan en su política de “minería con propósito”, que busca consolidar un sector más transparente, respetuoso de la biodiversidad y de las decisiones ambientales.

Un nuevo capítulo de conflicto social

Aunque Mineros insiste en que cualquier decisión futura dependerá del diálogo con la comunidad, en Cajamarca ya se anticipa el rechazo ciudadano a la posibilidad de retomar el proyecto.

Durante la última década, La Colosa se convirtió en símbolo nacional del conflicto entre minería y protección ambiental, así como del debate jurídico sobre el alcance de las consultas populares frente a los proyectos extractivos.

El nuevo escenario plantea interrogantes clave para el país:

• ¿Puede un proyecto minero avanzar en un territorio que lo rechazó en consulta popular?

• ¿Cómo se equilibran las competencias del Gobierno nacional con la autonomía territorial?

• ¿Es posible construir consensos en regiones donde la minería genera profundas divisiones sociales?

Por ahora, la compra de La Colosa por parte de Mineros S.A. abre un nuevo capítulo en una de las controversias mineras más emblemáticas de Colombia, cuyo desenlace dependerá de decisiones regulatorias, debates judiciales y, sobre todo, del diálogo entre el Estado, las empresas y las comunidades que habitan el territorio.