La ciudad empapelada y la ley ignorada
La implementación de las normas electorales en Ibagué atraviesa uno de sus momentos más críticos. Así lo advirtió Cristhian Martínez, director de la Misión de Observación Electoral (MOE) del Tolima, al referirse al desmonte tardío de vallas políticas y a la falta de control efectivo sobre la publicidad política en el espacio público.
Aunque el decreto municipal que regula este tema fue expedido en diciembre, los operativos de desmonte solo se realizaron entre el 26 y 27 de enero. Para la MOE, el retraso es evidente. Desde el 8 de diciembre, fecha en la que se autorizó la publicidad electoral con permisos previos, ya se observaba una ocupación desbordada y sin control de la ciudad.
El problema no es la norma. El problema es la ejecución.
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Permisos que no existen y operativos que llegan tarde
La ley es clara: los alcaldes tienen la potestad de regular la forma, los lugares y los permisos de la publicidad política. En Ibagué, varias zonas fueron restringidas y otras condicionadas a autorizaciones especiales. Sin embargo, gran parte de las vallas instaladas no contaban con esos permisos.
Para Martínez, el desmonte no solo fue tardío, sino opaco. Hasta hoy no se conocen cifras oficiales sobre cuántas vallas fueron retiradas, a qué candidaturas pertenecían ni qué sanciones se impusieron. La información, según la MOE, simplemente no existe o no se ha querido entregar.
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¿Autoridad selectiva o ausencia total de control?
La percepción ciudadana agrava el escenario. Mientras algunos candidatos ven retirado su material, otros mantienen vallas gigantes y vehículos con microperforados sin que ocurra nada. Desde la MOE evitan hablar de privilegios, pero sí trasladan la pregunta directamente a la administración municipal.
La falta de un plan de acción público, con cronogramas, zonas priorizadas y responsables claros, alimenta la sensación de desigualdad. Para Martínez, la respuesta institucional ha sido evasiva durante semanas, hasta que una nota de prensa anunció operativos sin mayor detalle.
Comparendos que se caen y sanciones que no llegan
El antecedente es preocupante. En 2023 se impusieron al menos 12 comparendos por publicidad política ilegal. Ninguno prosperó. La razón: fallas en el procedimiento entre Policía e inspecciones, y ausencia de pruebas formales. El resultado fue el mismo: sanciones anuladas.
En 2022, la situación es aún más confusa. No hay claridad sobre si existieron comparendos o si nunca se registraron. Para la MOE, este vacío debe ser investigado por los entes de control, porque la infracción avanza más rápido que la capacidad del Estado para sancionarla.
¿Quién debía actuar y no lo hizo?
El decreto municipal asigna responsabilidades claras: el desmonte debe liderarlo la Secretaría de Gobierno, con apoyo de Policía y Bomberos, mientras que el control del espacio público corresponde a la administración municipal. Tránsito, por su parte, debe actuar sobre los vehículos con publicidad. Ninguno parece estar cumpliendo plenamente su rol.
“Estamos en una ciudad donde nadie sabe qué tiene que hacer, pero alguien tiene que hacerlo”, resumió Martínez.
