La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Daniela Ospina
Loaiza, una de las presuntas integrantes de una red de corrupción y amante del ex Senadore de la República Mario Castaño, quien habría intervenido en varias entidades del orden nacional y territorial para direccionar la contratación de obras públicas.
El lío para Castaño involucra a dos mujeres, su esposa y su novia. Además, ya está firmado el preacuerdo con dos testigos clave, la lobista Nova Lorena Cañón y el contratista Santiago Castaño, prometen desnudar la red.
Durante la audiencia un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó a la mujer el delito de peculado por apropiación. La procesada aceptó el cargo y, de manera libre y voluntaria, manifestó su intención de también reconocer el delito de concierto para delinquir que le imputó la Fiscalía en marzo del año en curso, cuando fue capturada y judicializada.
En ese sentido, Ospina Loaiza pagaría una pena de cinco años de prisión, la cual deberá hacerse efectiva en centro carcelario, y hará el reintegro de 80 millones de pesos. El material de prueba da cuenta de que esta persona sería una de las intermediarias del congresista señalado de coordinar la red ilegal y, al parecer, administraba los dineros y cubría los pagos a los demás integrantes del entramado criminal.
De igual manera, se estableció que suscribió un contrato de prestación de servicios profesionales con el Senado de la Republica por valor de 20 millones de pesos, pero no habría ejecutado las actividades contempladas.
En los próximos días un juez de control de garantías se pronunciará sobre la aceptación de cargos y valorará la pena acordada.
Primero fue capturada la persona más cercana y de entera confianza para Castaño, su novia, Daniela Ospina Loaiza. Ahora, en el radar de la justicia entró su esposa, Gloria Lucía Betancur, a quien le habrían encontrado más de 25 bienes que superarían los 13.000 millones de pesos. Una cifra que, por sus ingresos, resulta imposible de justificar. En medio del escándalo, la Fiscalía Anticorrupción pidió investigarla por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, lo que podría llevarla a una pronta imputación de cargos.
