El viceministro de Protección Social del Ministerio de Salud, Luis Alberto Martínez, explicó los pasos que se están adelantando frente a la situación de la Nueva EPS, en medio del proceso de intervención ordenado para garantizar la sostenibilidad del sistema y la atención de millones de afiliados en el país.
Según Martínez, actualmente el Estado es socio minoritario de la entidad, con una participación equivalente al 50% menos una acción, lo que limita su margen de maniobra en la toma de decisiones estratégicas. El propósito del Gobierno es lograr una mayor participación accionaria que permita inyectar recursos de manera directa y avanzar en un proceso de recuperación.
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El viceministro precisó que la intervención permitió identificar fallas estructurales dentro de la EPS, las cuales están siendo analizadas por la interventora designada. En las próximas semanas se presentará un informe detallado con los hallazgos encontrados y las medidas a implementar para corregir las deficiencias detectadas. Entre los puntos clave se encuentran el cierre de los estados financieros que se encontraban pendientes y la depuración de cuentas que resulta indispensable para proyectar la estabilidad de la entidad.
Martínez recalcó la importancia de actuar con mayor anticipación frente a la situación de las EPS, subrayando que la prevención y el control temprano de las irregularidades permiten proteger tanto a los usuarios como al sistema de salud en su conjunto. “Necesitamos tener mayor anticipación como Estado. Hoy somos minoría y eso nos ha limitado en la capacidad de tomar decisiones de fondo”, expresó.
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En paralelo, el Ministerio destacó la aplicación de un nuevo instrumento expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio que beneficia tanto a EPS intervenidas como a las que no lo están. Esta medida permite realizar compras conjuntas y directas de medicamentos, eliminando la participación de intermediarios que, según el viceministro, no aportaban valor al proceso y en algunos casos dificultaban la entrega de tratamientos, además de incrementar los costos operativos.
Con este mecanismo, se espera que la dispensación de medicamentos sea más ágil y eficiente, garantizando una mayor oportunidad para los pacientes y reduciendo las barreras que han afectado históricamente la atención en salud. La intención es que las negociaciones conjuntas contribuyan a mejorar las finanzas de las EPS y al mismo tiempo generen un impacto positivo en la calidad del servicio que reciben los usuarios.
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El viceministro subrayó que el proceso en curso con la Nueva EPS no solo busca resolver problemas internos, sino también servir como referencia para otros casos dentro del sistema de aseguramiento. La recuperación de esta entidad, señaló, depende de una combinación de mayor participación estatal, depuración administrativa y fortalecimiento de los mecanismos de control y compra eficiente de insumos.
Finalmente, Martínez reiteró que el compromiso del Gobierno es garantizar la continuidad de los servicios a los afiliados y avanzar en la construcción de un modelo de salud más equitativo y sostenible. La intervención a la Nueva EPS, concluyó, debe entenderse como una oportunidad para corregir deficiencias de fondo y consolidar un sistema más sólido en beneficio de los ciudadanos.
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