¡Nuevos detalles! Alcalde de Chaparral denunció ante la Fiscalía a Hugo Arce por minería ilegal de oro
Se revelan nuevos detalles sobre la denuncia penal interpuesta por el alcalde de Chaparral, Helver González Mora, contra el exmandatario Hugo Fernando Arce y su hermano por presunta explotación ilícita de yacimientos mineros en el Tolima.
En las últimas horas se conocieron nuevos y contundentes detalles sobre la denuncia penal interpuesta por el alcalde de Chaparral, Helver González Mora, ante la Fiscalía General de la Nación en contra del exalcalde Hugo Fernando Arce y su hermano, Alfredo Arce, por su presunta participación en actividades de extracción ilegal de oro en zona rural de este municipio del sur del Tolima.
De acuerdo con la información revelada por el actual mandatario local, las acciones legales y las alertas institucionales no son recientes, pues fueron radicadas hace aproximadamente seis meses ante múltiples entidades de control, entre ellas el Ministerio de Ambiente, la Procuraduría General de la Nación, la Policía Nacional, Cortolima y la Gobernación del Tolima.
Las pesquisas se fundamentan en visitas de inspección técnica, informes de la comunidad y actuaciones de la fuerza pública. “Yo asumo la responsabilidad de lo que digo porque tengo realmente las evidencias”, enfatizó González Mora al señalar directamente que las presuntas actividades de minería ilegal se estarían adelantando en una finca ubicada en el estratégico sector de Amoyá.
Dentro de los nuevos detalles ventilados por la administración municipal, el alcalde advirtió que el repunte de la minería ilegal en la región también obedece a la falta de una respuesta contundente y herramientas eficaces por parte del Gobierno Nacional, dejando a las alcaldías locales con un margen de acción limitado para combatir este delito ambiental.
Asimismo, González Mora denunció una campaña de desprestigio orquestada a través de perfiles falsos en redes sociales. Según el mandatario, estos espacios virtuales buscan responsabilizar de manera infundada a la Alcaldía, a la Gobernación y a la Fuerza Pública de permitir la explotación minera, una narrativa falsa que pone en grave riesgo la seguridad e integridad de los funcionarios públicos de la región.
El delicado panorama fue evaluado minuciosamente durante un reciente consejo de seguridad extraordinario. La expectativa se centra ahora en las actuaciones que adelanten los entes judiciales para determinar la responsabilidad penal de los implicados dentro del marco del debido proceso.
