Operativo en 10 cárceles del país dejan 201 identificados por extorsión
Este operativo inició el pasado lunes 17 de abril y culminó hace pocas horas, dejando como resultado 10 cárceles allanadas y 201 personas identificadas, 34 que al parecer delinquían desde los centros penitenciarios y 167 que se presume hacían parte de las redes que operaban en el exterior de las mismas, quienes estaban encargadas de reclamar los giros, producto de las extorsiones.
El objetivo de la operación fue combatir la extorsión carcelaria, razón por la cual se cambió la intervención a las cárceles por allanamientos, y se adelantaron los procedimientos en las penitenciarías de La Picota (Bogotá), Cómbita (Boyacá), Guaduas (Cundinamarca), San Sebastián La Ternera (Cartagena – Bolívar), Las Mercedes (Montería – Córdoba), Doña Juana (La Dorada – Caldas), Pedregal (Medellín – Antioquia), Palo Gordo (Girón – Santander), San Isidro (Popayán – Cauca), y La Vega (Sincelejo – Sucre).
La Operación Demoledor, participaron 1.883 funcionarios, para combatir la extorsión desde centros carcelarios en el país. Con un trabajo conjunto entre fiscales Gaula, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), el Gaula Policía, Gaula Militar y la policía judicial del Inpec.
El material electrónico incautado será sometido a un riguroso análisis forense que le permitirá a la Fiscalía General de la Nación establecer quienes eran las víctimas y reunir evidencia digital relacionada con correos electrónicos, accesos a páginas web, videos, fotografías y vínculos con otras personas dedicadas a esta actividad criminal.
Los afectados eran ciudadanos, en su mayoría, comerciantes, ganaderos y vendedores. Según la investigación, los delincuentes tenían varias formas de extorsionar, por ejemplo, identificarse como cabecillas de grupos ilegales y hacerse pasar por autoridades para evitar ser vinculados a procesos judiciales.
La Fiscalía aplicará la acción de extinción de dominio sobre los bienes de quienes resulten vinculados a estas conductas y a quienes, siendo funcionarios públicos, facilitaron el accionar de los delincuentes.
Asimismo, los funcionarios públicos que estén asociados con este delito serán vinculados a procesos penales.
Cabe recordar que la primera acción que arrojó resultados en marzo se realizó una operación en el centro penitenciario Picaleña, donde se impactaron varias organizaciones, cuyos cabecillas se encontraban recluidos en esa cárcel. Igualmente, se impactaron bandas que actuaban fuera de la penitenciaría.
El resultado del operativo fue evidente. Al realizar el censo delictivo semanal se logró establecer una importante disminución en las denuncias sobre extorsión en las seccionales de Tolima, Risaralda y Valle del Cauca, que estaban afectadas por ese flagelo.
Este trabajo mancomunado entre la Fiscalía, a través de su policía judicial CTI; la Policía Nacional, el Ejército y el Inpec, reflejado en la Operación Demoledor, evitó el pago de más de 5.000 millones de pesos mensuales en extorsiones.
