Ordenan arresto para alcalde y personera de Ibagué por desacatar sentencia de la Corte Constitucional
El alcalde de Ibagué, Andrés Fabian Hurtado, la personera Francy Johana Ardila y el secretario de Desarrollo Rural, Daniel Guillermo Jaramillo, enfrentarán 15 días de arresto y una multa tras desacatar una sentencia de la Corte Constitucional que ordenaba la construcción de dos puentes peatonales para un grupo de niños que arriesgaban sus vidas al cruzar un río y una quebrada para poder asistir a la escuela.
La decisión judicial tomada por el Juzgado Noveno Penal Municipal señala el incumplimiento de la orden dictada en el 2020, a pesar de que habían transcurrido tres años desde entonces. Los funcionarios tendrán la posibilidad de presentar un plan de contingencia para resolver el problema antes de que se resuelva la consulta.
El desacato a una sentencia vital para la seguridad de los niños
La sentencia de la Corte Constitucional, concedida en el año 2020, amparaba el derecho fundamental a la educación de un grupo de niños que se veían obligados a cruzar un río y una quebrada exponiendo sus vidas para poder llegar a la escuela. En esta sentencia, se ordenaba al municipio de Ibagué construir dos puentes peatonales, uno sobre la quebrada La Chumba en el corregimiento de San Bernardo, y otro sobre el río Cócora en el corregimiento de Coello Cócora, en un plazo de 12 meses.
Sin embargo, transcurridos tres años, la construcción de los puentes no se había llevado a cabo, lo que llevó al Juzgado Noveno Penal Municipal a determinar que los funcionarios incumplieron con la sentencia de la Corte Constitucional.
El papel de «El Rey de las Tutelas» y la demandante
En este caso, Joaquín Torres, conocido en Colombia como «El Rey de las Tutelas», señaló que la acción judicial fue presentada por Deicy Vera, una ama de casa que vive en una finca. Vera aprendió cómo presentar este tipo de mecanismos legales en unos diplomados que se ofrecían.
«El Rey de las Tutelas» explicó que contra la sentencia de desacato solo se puede adelantar una consulta, donde el Juez Superior debe evaluar si se ha cumplido con lo ordenado. En caso contrario, se confirma la medida sancionatoria. Por lo tanto, los tres funcionarios deberán pagar los 15 días de arresto y una multa equivalente a 15 salarios mínimos mensuales.
Oportunidad de presentar un plan de contingencia
A pesar de la sanción impuesta, los funcionarios tienen la oportunidad de presentar un plan de contingencia para resolver el problema antes de que se resuelva la consulta. De esta manera, podrían evitar la ejecución total de la pena si logran demostrar una estrategia efectiva y oportuna para cumplir con la sentencia y asegurar la seguridad de los niños que deben cruzar los peligrosos ríos y quebradas para recibir educación.
Al cierre de esta emisión la Personería afirmó que se presentará la apelación al fallo, teniendo en cuenta que al parecer no se realizó una notificación de descargos frente al proceso. Asimismo, la entidad no tiene dentro de sus competencias misionales, la construcción de infraestructuras de ningún tipo, por lo que no sería de su responsabilidad la construcción de los puentes faltantes para la comunidad.
