La crisis política en Paraguay llegó a un punto decisivo este viernes, luego de que el Senado aprobara por unanimidad de los legisladores presentes la destitución del presidente Santiago Peña, al encontrarlo culpable de mal desempeño en sus funciones, tras un juicio político en el que sus representantes legales cuestionaron la validez del procedimiento.
La decisión se produjo en medio de la crisis financiera generada por el colapso de Ueno Bank, entidad vinculada a los cuestionamientos contra el jefe de Estado.
La Cámara Alta resolvió la condena mediante una votación nominal que, según reportes de medios paraguayos, obtuvo 44 votos a favor y ninguna oposición, con un senador ausente. Con esta decisión, Peña pierde la posibilidad de acceder a la condición de senador vitalicio y a los fueros asociados a ella, lo que podría tener repercusiones en las investigaciones judiciales relacionadas con el caso financiero.
Proceso contra Peña
El proceso comenzó el jueves 5 de noviembre, después de que la Cámara de Diputados aprobara la acusación contra Peña por presunto mal desempeño de sus funciones. La decisión se produjo en medio de los cuestionamientos por la crisis de Ueno Bank, intervenido por el Banco Central del Paraguay tras detectar problemas de solvencia.
La situación de la entidad financiera generó preocupación entre millones de clientes que quedaron afectados por las restricciones de acceso a sus recursos. También surgieron cuestionamientos sobre los vínculos económicos que el mandatario mantuvo con el grupo empresarial relacionado con el banco y sobre el manejo de fondos públicos depositados en la entidad.
Abogados acudirán a instancias internacionales
Ante la no comparecencia de Santiago Peña fueron sus representantes legales a presentarse ante la Cámara de Senadores para presentar la defensa técnica.
La defensa del presidente cuestionó la legalidad del juicio político y advirtió que podría acudir a la Corte Suprema de Justicia de Paraguay e incluso a los tribunales internacionales de derechos humanos para impugnar el procedimiento.
El abogado Adolfo Ferreiro sostuvo que el juicio político estaba siendo utilizado de manera contraria a su propósito constitucional. Según explicó, este mecanismo debe servir para proteger a los funcionarios del Estado frente a persecuciones, presiones o impedimentos en el ejercicio de sus funciones, y no para limitar sus derechos. Por esa razón, consideró que el proceso podría ser declarado nulo.
Por su parte, el abogado Ricardo Preda cuestionó los fundamentos de la acusación y aseguró que no se identificaron las normas específicas que Santiago Peña habría incumplido. A su juicio, para declarar a un presidente responsable de mal desempeño debe demostrarse qué disposiciones legales violó, algo que, según afirmó, no quedó establecido en la acusación presentada ante el Senado.
Santiago Peña asumió la presidencia en agosto del 2023 y su mandato debía culminar en agosto del 2028.
