Jefferson Cruz no es dirigente sindical ni vocero político. Es propietario de buseta y habla desde la pérdida.
“Estamos cometiendo un error grandísimo los propietarios de buseta”, afirma, al explicar por qué no participará en el paro de busetas en Ibagué. Según él, la raíz del conflicto no está en las vías, sino en las decisiones que se toman sin quienes sostienen el sistema.
“La administración municipal ya no nos acepta reuniones ni mesas de trabajo a los propietarios”, denuncia. La tarifa del transporte para 2026 se concertó sin ellos. Solo estuvieron “las siete empresas, los gerentes y las juntas directivas”.
El ajuste era necesario, reconoce. Pero no así. “Sí requeríamos un ajuste, pero no tan elevado”, insiste, recordando que en 2025 los propietarios pidieron subir 200 pesos, no 500.
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Bloquear hoy, perder mañana
Jefferson marca distancia de los bloqueos anunciados. No por conformismo, sino por supervivencia. “No es conveniente bloquear las vías ni hacer un paro improvisado”, advierte. Para él, el impacto es inmediato: menos usuarios, más transporte ilegal y un negocio que ya va en picada.
Los números lo respaldan. “Pasamos de mover siete mil pasajeros a cuatro mil mensuales”, revela. En horas valle, la flota opera al 50 % de capacidad. Subir la tarifa del transporte público en ese contexto tiene un efecto contrario: “Estamos corriendo al usuario”.
Operadores fuertes, propietarios ahogados
El relato apunta a un desequilibrio estructural. Tres operadores —Expreso Ibagué, Cotrautol y Movilizando Ibagué— concentran el control. “Solo están interesados en cobrarnos rodamiento y administración”, señala Cruz. “Prácticamente trabajamos para ellos con complicidad de la administración municipal”.
Mientras tanto, los controles caen sobre los propietarios. “La autoridad nos persigue, pero no mete en cintura a los operadores”, reclama. El Sistema Estratégico de Transporte Público agravó el panorama. “Nos están sacando del negocio sin un peso en el bolsillo”.
Hoy, 90 vehículos cumplieron su vida útil. “Noventa familias dejaron de percibir ingresos”, dice. Los operadores se comprometieron a pagar esos vehículos. No lo hicieron. Existe un respaldo legal: el Acto Administrativo 469 de 2019, que fija precios. Pero, según Jefferson, no se cumple.
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¿Protesta o protagonismo?
Cruz cuestiona a quienes lideran el cese actual.
“Son un mínimo número de propietarios que están creando caos”, afirma, señalando a TPC Colectivo.
Para él, hay otros intereses.
“Están pensando en crear empresa y quedarse con el recaudo”.
El dato clave:
“El 90 % de los propietarios no está de acuerdo con el paro”.
Por eso lanza un mensaje directo a los usuarios:
“Quiero dar un parte de tranquilidad. El servicio se prestará con normalidad”.
