El presidente Gustavo Petro anunció anoche la aprobación del Presupuesto General de la Nación para 2025, fijado en $511 billones, marcando un hecho sin precedentes en los últimos 20 años: el presupuesto fue sancionado por decreto debido a la negativa del Congreso a aprobarlo.
La decisión del mandatario se dio tras semanas de tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo, luego de que el Congreso archivara el proyecto de ley presentado en septiembre, que incluía medidas para financiar un déficit presupuestal de $12 billones. En su cuenta oficial de X, el presidente explicó: “He firmado el presupuesto desfinanciado en 12 billones de pesos tal como se presentó al Congreso de la República y tal como ordena la Constitución nacional”.
Un déficit sin solución inmediata
El presidente Petro reconoció que la falta de aprobación de la reforma tributaria propuesta para 2025 dejó un vacío de recursos cruciales. Según el mandatario, estos fondos eran necesarios para cumplir con los compromisos de inversión social y el funcionamiento del Estado. La reforma, diseñada para aumentar los ingresos a través de nuevos tributos, fue rechazada por las comisiones económicas del Congreso.
En el decreto, Petro anticipó que se definirán medidas para aplazar partidas de funcionamiento e inversión mientras se busca la financiación requerida. “En el decreto de liquidación se expresarán cuáles partidas se aplazarán en 2025, mientras se consigue la financiación necesaria que no fue posible por la acción oscura de los dueños de los juegos de suerte y azar ilegales dentro de las comisiones económicas del Congreso”, indicó el presidente.
Críticas al Congreso y tensiones políticas
La negativa del Congreso a aprobar el presupuesto y la reforma tributaria generó una fuerte reacción del Ejecutivo. Petro señaló directamente al presidente del Senado, Efraín Cepeda, acusándolo de actuar en favor de intereses particulares, especialmente en el sector de los juegos de azar.
“El Congreso decidió desfinanciar el Gobierno, buscando volver al poder en 2026, otra vez con su impuesto a la sopa y a la comida en general y con los bonos del agua con los que dejaron morir miles de niños de desnutrición”, afirmó el mandatario, marcando una postura crítica frente a la actuación de los legisladores.
Petro también destacó que la reforma tributaria aprobada en 2022, que buscaba aumentar la progresividad fiscal, fue desmantelada por el Congreso. Según el presidente, los ajustes realizados eliminaron $6 billones anuales en impuestos a las petroleras y carboneras, favoreciendo a la economía fósil y debilitando los esfuerzos del Gobierno por abordar la crisis climática.
Otras noticias: “El Tolima estará en obra en el 2025”: el ambicioso plan de Adriana Matiz, con inversiones por $1 billón en infraestructura – Don Tamalio
Impacto del decreto en el país
La aprobación del presupuesto mediante decreto plantea desafíos tanto para el Gobierno como para los ciudadanos. Si bien garantiza la continuidad de la operación del Estado, deja incertidumbres sobre cómo se cubrirán las necesidades de sectores clave como salud, educación e infraestructura.
El presupuesto de $511 billones incluye recursos destinados a programas sociales, inversión pública y funcionamiento del Estado. Sin embargo, las medidas de aplazamiento de partidas anunciadas por Petro podrían afectar proyectos estratégicos mientras se encuentra una solución al déficit fiscal.
Organismos de control y expertos económicos han advertido sobre las posibles implicaciones de este déficit, que podría derivar en un ajuste fiscal más severo en el mediano plazo. Además, la confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo podría obstaculizar la aprobación de futuras iniciativas económicas en el Congreso.
Reacciones y perspectivas
El decreto ha generado reacciones divididas. Mientras sectores afines al Gobierno lo ven como una medida necesaria para garantizar la estabilidad del país, la oposición lo califica como un reflejo de la incapacidad del Ejecutivo para construir consensos con el Congreso.
La incertidumbre sobre cómo se resolverá el déficit de $12 billones persiste. El Gobierno no ha descartado buscar nuevas fuentes de financiación, incluyendo la posibilidad de presentar una reforma tributaria ajustada en 2025.
Por su parte, analistas advierten que la crisis política entre el Ejecutivo y el Legislativo podría afectar la confianza de inversionistas y generar tensiones sociales si se implementan recortes en programas esenciales.
Un desafío histórico
Con la firma de este decreto, el presidente Petro enfrenta uno de los mayores desafíos de su Gobierno. La necesidad de cubrir el déficit presupuestal y mantener el cumplimiento de sus promesas de campaña pone a prueba su liderazgo y capacidad de gestión.
Mientras tanto, los colombianos esperan que las diferencias entre el Ejecutivo y el Legislativo puedan resolverse, priorizando el bienestar del país. El presupuesto de 2025 será una prueba clave para evaluar la viabilidad de las políticas del Gobierno y su capacidad de enfrentar los retos fiscales y sociales de los próximos años.
