«La planta de la muerte»: Veedurías de Ibagué exigen respuestas institucionales ante contaminación del agua en la Arboleda
Henry Cortés, vocero de la Unión de Veedurías de Agua Potable por Ibagué (UBA PAPI), aseguró que estudios y análisis realizados sobre muestras de agua evidenciarían la presencia de microorganismos que, según la organización, representarían un riesgo para la salud de la comunidad.
La comunidad de la urbanización Arboleda Campestre enfrentan una alarmante crisis ambiental y de salud pública. Henry Cortés, integrante del colectivo Social Memorial Ciudadanos y representante de la Unión de Veedurías de Agua Potable por Ibagué (UBA PAPI), ha puesto en evidencia las preocupantes irregularidades que rodean el suministro hídrico en este sector de la capital tolimense, exigiendo a las autoridades locales el cierre inmediato de la planta de tratamiento local a la que catalogan como un riesgo inminente para la vida de más de 45.000 ciudadanos y 7.000 niños.
De acuerdo con las investigaciones adelantadas por las veedurías ciudadanas y respaldadas por estudios académicos, el agua suministrada proviene de la parte baja del río Combeima, un tramo que recibe múltiples vertimientos de aguas residuales. Entre las descargas identificadas figura la del Hospital Federico Lleras Acosta, un centro asistencial de orden departamental que, según los análisis técnicos realizados por el programa de ingeniería ambiental de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), carece de una planta de tratamiento de aguas residuales adecuada para neutralizar la carga contaminante antes de que sus efluentes lleguen a las fuentes hídricas de la región.
Los análisis de laboratorio revelan cifras alarmantes sobre la presencia de patógenos peligrosos en el agua analizada. Entre los hallazgos más graves destaca la presencia de la bacteria Pseudomonas aeruginosa en concentraciones exorbitantes del orden de 277 millones de bacterias por litro, un microorganismo altamente resistente a múltiples antibióticos. Asimismo, los estudios físico-químicos y microbiológicos detectaron niveles de Escherichia coli que superan por completo los límites normativos permitidos en fuentes destinadas para consumo humano, representando una amenaza directa y constante para la salud de las familias ibaguereñas.
La problemática se agrava debido a la infraestructura utilizada para la potabilización del recurso. Según la denuncia de Cortés, la planta portátil operada por el IBAL no cuenta con la capacidad técnica ni con los estándares de ingeniería necesarios para depurar un caudal que, además de los vertimientos urbanos, arrastra residuos de pesticidas organofosforados provenientes de actividades agrícolas y metales pesados documentados históricamente en la cuenca. Para el colectivo Social Memorial Ciudadanos y la UBA PAPI, mantener operativa esta infraestructura equivale a ignorar los estudios técnicos y los monitoreos ambientales acumulados durante años en el departamento del Tolima.
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Ante este panorama crítico, las organizaciones sociales han llevado el debate ante escenarios de control institucional como el Consejo Territorial de Salud Ambiental (COCSA), donde participan activamente la Secretaría de Salud Municipal y Departamental, la Superintendencia de Servicios Públicos, Cortolima y la Procuraduría. Sin embargo, los voceros de la comunidad denuncian una dilatada respuesta institucional frente a un problema que afecta directamente la calidad de vida de los residentes, quienes experimentan problemas dermatológicos y afecciones de salud tras el uso cotidiano del líquido suministrado en los conjuntos residenciales.
La exigencia central de la Unión de Veedurías de Agua Potable por Ibagué es contundente: garantizar la dignidad y el derecho fundamental al agua potable conectando al sector con el acueducto alterno y cerrando de manera definitiva la planta cuestionada. Mientras las familias de Arboleda Campestre continúan alzando su voz de protesta, la veeduría hace un llamado urgente a los entes de control, a la administración municipal y a la opinión pública para que se priorice la salud pública y se adopten soluciones técnicas definitivas que pongan fin a esta creciente crisis socioambiental en Ibagué.
