Tras dos días de ponencias, la plenaria del Senado de la República aprobó, en sexto debate, el proyecto de Acto Legislativo 018 de 2024 mediante el cual se reforma el Sistema General de Participaciones (SGP) al incrementar las transferencias de los Ingresos Corrientes de la Nación a los municipios, distritos y departamentos de 21 % al 39,5 %.
La reforma constitucional aprobada este martes por la Plenaria del Senado es para fortalecer la autonomía administrativa de las regiones. A este acto legislativo le restan aún dos debates más en la Cámara de Representantes para convertirse en ley de la República.
De acuerdo con el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, este proyecto le abre una puerta de esperanza a las regiones, que es donde más se necesitan los recursos para luchar contra la pobreza, el atraso, al darle un voto de confianza a la autonomía y a la descentralización.
Cambio Radical se opuso
El trámite de la reforma no estuvo exento de la polémica, pues Cambio Radical y la senadora Paloma Valencia se opusieron a la iniciativa por considerar que va a generar un mayor déficit Fiscal y pone en riesgo rubros de indeclinable ejecución por parte del Gobierno Nacional, en materia de seguridad y defensa nacional, así como el funcionamiento de la justicia.
Sin embargo, en nombre del Centro Democrático, el senador antioqueño Andrés Guerra, aseguró que este proyecto hace justicia con las regiones más discriminadas en materia financiera, porque los territorios más afectados por la violencia, la pobreza y la exclusión, también son los más golpeados por la falta de recursos para ejecutar programas de inclusión, desarrollo y calidad de vida para sus pobladores.
En el mismo sentido se pronunció el senador Gustavo Moreno, al señalar que el centralismo es el principal generador de violencia y discriminación, pues ha convertido a los alcaldes en limosneros ante el gobierno central, que en muchas ocasiones se van a sus regiones sin obtener los resultados necesarios para hacer las inversiones y desarrollar las obras que requieren sus gobernados para mejorar su calidad de vida.
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Después de pasar en su sexto debate y a falta de dos vueltas en la Cámara, tanto el ministro Cristo como el ponente del proyecto, el senador Ariel Ávila, señalaron que para hacer efectiva la reforma y el crecimiento de las transferencias a las regiones es indiscutible la necesidad de tramitar una Ley de competencias, para evitar que los millonarios giros a municipios y departamentos caigan en el vacío y el libre albedrío de los mandatarios locales y regionales, de tal manera que a mayor disposición de dineros crezcan las responsabilidades de los mismos.
Ávila aseguró, además, que lo aprobado este martes se encamina a que las transferencias de la Nación crezcan de manera paulatina, es decir, que el crecimiento no pasará de golpe del 21 al 46.5 por ciento de los ingresos corrientes de la Nación, sino que año tras año crecerá de acuerdo con las necesidades básicas insatisfechas de cada región.
Con excepción de Cambio Radical, todos los partidos con asiento en el Senado respaldaron el proyecto y con 75 votos determinaron que sea la Cámara de Representantes la que materialice los artículos 375 y 376 de la Constitución del 91, que consagraron la descentralización y la autonomía administrativa de las regiones.
«Esta es la reforma social»: Ministro del Interior
«Este proyecto es el más importante en el mediano y largo plazo para Colombia, y más allá de la coyuntura de las otras iniciativas que convocó el Gobierno en el marco del gran Acuerdo Nacional”, indicó el ministro Juan Fernando Cristo.
Cristo expresó en la plenaria que «esta es la reforma social y política de la última década, ya que modifica el actual estatuto con el que el Gobierno nacional transfiere recursos a las regiones, especialmente a las más pobres», dijo.
El texto consta de dos artículos. El primero modifica el artículo 356 de la Constitución Política de 1991, en el que se “establecen las competencias a cargo de la Nación y de los departamentos, distritos, municipios y territorios indígenas en el que se establecen nuevas responsabilidades fiscales a cargo de estos entes territoriales».
El segundo artículo del texto modifica el artículo 357 constitucional, que establece que el SGP crecerá hasta el 39,5 % de los ingresos corrientes de la Nación durante los próximos 12 años a partir de 2027.
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