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Policía no podrá usar cámaras de vigilancia privadas para “prevenir” el delito

El alto tribunal señala que el limite se aplicará a grabaciones captadas en los entornos personales o domiciliarios.

El derecho a utilizar los videos de circuitos cerrados de vigilancia a la Policía Nacional, la habría entregado la Ley de Seguridad Ciudadana, con el fin de “prevención, identificación o judicialización”, de personas y organizaciones dedicadas a la violación de las leyes en Colombia; sin embargo, la Corte Constitucional tumbó la medida, señalando que, a este tipo de material probatorio solo puede acceder la Policía Judicial cumpliendo una serie de requisitos.

La decisión señala que los circuitos cerrados de seguridad y vigilancia privada, se implementan para la protección de personas y bienes, pero también, el uso de estos medios tecnológicos puede lesionar los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Adicionalmente, la Corte puso especial énfasis en la importancia de delimitar las razones que justifican el acceso a la videovigilancia y advirtió sobre los riesgos que pueden derivarse al aplicar la tecnología vinculada con los circuitos cerrados de vigilancia y seguridad privada.

Así mismo, la Corte consideró que la habilitación otorgada a la Policía Nacional de acceder a circuitos cerrados de seguridad y vigilancia privada para acciones de “prevención” era desproporcionada. En primer lugar, “por la indeterminación absoluta de la medida que, dados los alcances de la tecnología usada que avanza de manera vertiginosa, impide asegurar que el uso de esta técnica se mantenga dentro de los cauces constitucionales, legales y reglamentarios que son los que permiten salvaguardar el núcleo esencial de los derechos fundamentales en juego”.

La Sala reiteró que “el derecho a la intimidad siempre mantiene una esfera de protección por su naturaleza ontológica”.

Esto significa que, pese a que la expectativa de privacidad puede variar e incluso las personas –en aras de disuadir a la delincuencia y de proteger a personas y a bienes–, pueden consentir en la instalación de videocámaras de vigilancia y seguridad en lugares privados, la regulación constitucional de los derechos fundamentales a la intimidad y al hábeas data, así como la ordenación legal y reglamentaria que la desarrolla muestra que, incluso en espacios públicos, pero, con mayor razón, en espacios privados se debe mantener un grado de garantía de la intimidad personal y familiar, tanto como de los datos sensibles”.

 

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