La Procuraduría reiteró su requerimiento formal a la alcaldesa municipal de Ibagué y al secretario de Desarrollo Social, con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales en la atención integral a las víctimas del conflicto armado, especialmente en lo relacionado con la entrega de ayudas humanitarias inmediatas (AHI).
«La insistente solicitud de la Provincial de Instrucción de Ibagué advierte por tercera vez, sobre la ausencia de acciones efectivas por parte del municipio, que desde finales de 2024 no ha garantizado la entrega de las ayudas que por ley les corresponde a las personas en situación de vulnerabilidad derivada de hechos victimizantes», indicó el Ministerio Público.
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Refirió el ente de control que, según lo informado por representantes de la Mesa de Participación Efectiva de Víctimas y verificado por medio del sistema Ciprat, el municipio no cuenta actualmente con contrato o convenio vigente que permita la ejecución de estas ayudas, incumpliendo lo dispuesto en la Ley 1448 de 2011 y su reforma mediante la Ley 2421 de 2024.
Finalmente, el Ministerio Público reiteró que las autoridades locales están en la obligación de garantizar los recursos económicos, humanos y técnicos necesarios para dar cumplimiento a los planes y programas de prevención, protección, reparación integral y garantías de no repetición, así como a los mecanismos propios de la justicia transicional.
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