Procuraduría investiga al expresidente del Concejo de Santa Isabel por presuntas irregularidades en contrato
La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una investigación disciplinaria contra el expresidente del Concejo Municipal de Santa Isabel, Jhaison Eduardo Zambrano Paz, por presuntas irregularidades en un contrato suscrito durante su gestión para elaborar el manual de funciones de la Secretaría General del municipio.
Según el ente de control, el contrato podría haberse realizado sin cumplir con las autorizaciones legales requeridas, lo que representa un posible incumplimiento de la normativa de contratación pública. La investigación también alcanza a Luz Ángela Chica Torres, quien se desempeñaba como secretaria general y supervisó el proceso contractual.
Posibles irregularidades en la contratación
Uno de los puntos centrales de la indagación es determinar si el contrato se celebró mediante un proceso directo sin cumplir los procedimientos establecidos, lo que podría afectar la transparencia y legalidad en el uso de recursos públicos. Asimismo, se investigan omisiones en la supervisión técnica y el reconocimiento de pagos, incluso si el producto contratado —el manual de funciones— no cumplió con los requerimientos estipulados.
Además, se revisará la ausencia de publicación oficial del contrato en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop), mecanismo que garantiza el acceso a la información y la transparencia administrativa en procesos de contratación.
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Investigación en fase inicial
La Procuraduría Provincial de Instrucción de Ibagué ha ordenado la práctica de pruebas para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades disciplinarias de los involucrados. Este proceso busca garantizar que los recursos públicos sean administrados correctamente y evitar la repetición de irregularidades que comprometan la confianza ciudadana en la gestión municipal.
El procedimiento se encuentra en su fase inicial, por lo que las autoridades continuarán con la recolección de evidencias y evaluarán si se requieren acciones adicionales contra los responsables. La Procuraduría enfatizó que su objetivo es preservar la legalidad y transparencia en la administración pública, asegurando que los procesos contractuales se ajusten estrictamente a la normativa vigente.
La investigación sigue abierta y se espera que en las próximas semanas se establezcan conclusiones sobre la legalidad del contrato y las posibles sanciones disciplinarias para quienes incumplieron la normativa.
