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Procuraduría investiga presuntas irregularidades en contrato para logística del Festival Folclórico Colombiano en Ibagué

Investigación es contra secretaria administrativa y secretario de cultura.

Presuntos sobrecostos y fallas en la planeación del contrato para el Festival Folclórico Colombiano en Ibagué llevaron a la Procuraduría General de la Nación a abrir una investigación contra la secretaria Administrativa de la Alcaldía, Norma Margarita Cifuentes Zarta, y el secretario de Cultura, Mauricio Hernández Cala.

Según el Ministerio Público las  posibles irregularidades estarían en la licitación para adjudicar el manejo del Festival Folclórico Colombiano en Ibagué, Tolima, por valor de $ 8.034’790.377.

La investigación busca establecer si se presentaron sobrecostos en algunos de los bienes y servicios contratados en el 2024 con la firma León Gráficas SAS con el objeto de proporcionar servicios logísticos, operativos y técnicos para el fomento de espacios de circulación artística y cultural en el marco de la versión 50 del citado festival.

Lea como contexto también: Alcaldía de Ibagué desmonta tamales de $21 mil en el contrato de las fiestas

La Procuraduría cita que, «según las publicaciones de los medios de comunicación, los precios “estarían alejados de la realidad de los costos del  mercado local”; la licitación presentó fallas que demostrarían la falta de planeación de la administración local desde que se publicó el proceso contractual en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop)»

Y agregan que «se habría pactado la adquisición de tamales a $ 21.000 la unidad y de copas aguardienteras a $ 39.270 cada una, por citar algunos de los costos que se habrían “inflado”».  

«La Procuraduría también conoció la acción de tutela que interpuso un ciudadano interesado en el proceso, señalando que se desconocieron sus derechos por falta de garantías en los plazos y oportunidades legalmente establecidos para controvertir los informes de evaluación, por omisiones en la comunicación del informe final por cambios abruptos en la realización de la audiencia pública de adjudicación, entre otros», se lee en el documento.

«Por último, el ente de control ordenó la práctica de pruebas e informó a los sujetos procesales los beneficios de la confesión o aceptación de cargos», indicó el ente sancionador.
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