Procuraduría pone la lupa sobre el acueducto de Cunday y exige respuestas por retrasos y sobrecostos
La Procuraduría General de la Nación requirió a la Empresa Departamental de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima (EDAT) un informe detallado sobre el estado actual del proyecto de optimización del acueducto de Cunday, ante las preocupaciones generadas por los retrasos, las suspensiones contractuales y los incrementos en el costo de la obra.
La actuación preventiva fue iniciada luego de un hallazgo realizado por la Contraloría General de la República, que alertó sobre la prolongada ejecución del contrato financiado con recursos del Plan Departamental de Aguas. Según el organismo de control, el proyecto ha presentado múltiples prórrogas, suspensiones e incrementos presupuestales que han impedido su culminación dentro de los plazos inicialmente establecidos.
La Procuraduría Regional de Instrucción del Tolima señaló que, pese a la información entregada anteriormente por la entidad ejecutora, no existe evidencia de que las obras hayan sido terminadas ni de que la infraestructura esté prestando el servicio para el cual fue concebida, situación que mantiene la incertidumbre sobre el futuro del proyecto y el impacto para los habitantes del municipio.
Ante este panorama, el Ministerio Público solicitó a la EDAT información actualizada sobre el avance físico y financiero de la obra, el estado de los permisos requeridos, las servidumbres y los predios involucrados, así como los riesgos que actualmente enfrenta el proyecto. De igual manera, pidió explicaciones sobre las medidas adoptadas para garantizar la protección de los recursos públicos invertidos en esta iniciativa.
La Procuraduría también busca establecer cuáles han sido las causas que han impedido la puesta en funcionamiento del sistema de acueducto y qué acciones concretas se están implementando para lograr la terminación de una obra considerada estratégica para mejorar el acceso al agua potable en Cunday.
El requerimiento se suma a las acciones de vigilancia que adelantan los organismos de control sobre los proyectos financiados con recursos públicos en el departamento, con el propósito de garantizar su ejecución eficiente y evitar posibles afectaciones al patrimonio del Estado y a las comunidades beneficiarias.
