Procuraduría traza hoja de ruta tras secuestro de 33 soldados en Guaviare y pide garantías para la Fuerza Pública
La Procuraduría General de la Nación reafirmó su compromiso con los integrantes de la Fuerza Pública que han sido víctimas del conflicto armado y anunció medidas para fortalecer su reconocimiento, reparación y garantías de no repetición. El anuncio se dio en el marco de la toma de declaración a los 33 militares que permanecieron secuestrados durante 79 horas en la vereda Nueva York, jurisdicción de El Retorno, Guaviare.
El organismo de control, a través de la delegada para el Seguimiento del Acuerdo de Paz, destacó que este caso refleja la vulnerabilidad a la que siguen expuestos los soldados y policías en diferentes regiones del país. Según cifras oficiales, en lo corrido de 2025 se han registrado 710 hechos delictivos contra la Fuerza Pública, principalmente en los departamentos de Norte de Santander, Antioquia y Cauca.
Durante la diligencia, la Procuraduría escuchó de primera mano los testimonios de los uniformados secuestrados, quienes relataron las condiciones de presión, intimidación y violencia que enfrentaron durante su cautiverio. Dos de ellos resultaron con quemaduras tras los ataques, lo que evidencia la gravedad de las agresiones que persisten contra los hombres encargados de la seguridad nacional.
El Ministerio Público rechazó de manera enfática la privación de la libertad de los integrantes de la Fuerza Pública, así como el uso de drones cargados con explosivos, modalidad que se ha convertido en una de las principales amenazas contra soldados y policías en terreno. De acuerdo con el balance presentado, entre enero y julio de este año se han registrado 513 afectaciones relacionadas con ataques de este tipo en 15 departamentos, siendo Cauca el territorio más golpeado.
En el encuentro, la Procuraduría trazó una hoja de ruta que busca garantizar que cerca de dos mil integrantes de la Fuerza Pública, que han sido víctimas directas del conflicto, sean incluidos en programas de reparación integral. Este plan contempla medidas de reconocimiento simbólico, atención psicosocial, acceso a salud especializada y garantías de no repetición, con el fin de dignificar a quienes han sido afectados por hechos violentos mientras cumplían con su deber.
El órgano de control también hizo un llamado urgente a todos los actores armados para que respeten el Derecho Internacional Humanitario y se abstengan de atacar a los soldados y policías, quienes no pueden ser usados como objetivos de guerra ni expuestos a tratos crueles o degradantes. “Los derechos de los integrantes de la Fuerza Pública deben ser garantizados y protegidos. No se pueden repetir escenarios de secuestro o de atentados que vulneren su integridad”, enfatizó la Procuraduría.
Finalmente, la entidad recordó que estos hechos no solo afectan a los uniformados y a sus familias, sino que ponen en riesgo la confianza de las comunidades hacia las instituciones y socavan los esfuerzos de construcción de paz en las regiones. El caso de los 33 soldados de Guaviare se convierte así en un símbolo de la necesidad de reforzar las garantías de seguridad y de evitar que hechos similares vuelvan a repetirse en el país.
