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¿Qué pasa con el archivo judicial en Ibagué?

Enorme problema hay con el manejo del archivo general de la rama judicial en la ciudad de Ibagué, por cuenta del abrupto cambio de bodegas, que además del sobrecosto generó desorden administrativo en el manejo de esta importante documentación.

En dos bodegas del centro de la ciudad funcionó por varios años el centro de acopio de documentación judicial donde reposan los archivos de los miles de cientos de procesos judiciales, y donde de forma profesional se prestaba el servicio de arrendamiento y administración del archivo cumpliendo con las normas exigidas por la ley, además de estar a pocas cuadras del Palacio de Justicia, lo que facilitaba la consulta de los documentos.

Pero todo cambió cuando de manera inconsulta con el arrendador decidieron desocupar las bodegas y trasladar el archivo para la zona rural de Ibagué, en una bodega ubicada en Chapetón, que abiertamente no cumple con las especificaciones legales para el almacenamiento de la documentación, además del difícil acceso para su consulta por parte de los despachos judiciales de Ibagué y en una zona abiertamente declarada en riesgo geológico y amenaza de creciente del río combeima, que de ocurrir acabaría con todo lo allí almacenado. 

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Lo anterior inicialmente origina un detrimento patrimonial al estado, al omitir la entrega formal e incrementar ostensiblemente el nuevo canon de arrendamiento. Otro problema es que aún reposan cientos de cajas con documentación sensible para el desarrollo de los procesos judiciales en las anteriores bodegas, hecho que es de conocimiento del Director Seccional de Administración Judicial en Ibagué, Edwin Riaño, excontralor de Ibagué, quien visitó las bodegas en presencia del Juez de Paz No. 1 Nelson Eduardo Escobar y el abogado Germán Barberí Perdomo, representante del arrendador, medios de comunicación entre otros.

Los contratos de arrendamiento fueron terminados de manera unilateral casi a la par de la posesión de Riaño, en este alto cargo de la rama judicial, además reclama el propietario de las bodegas, estas no han sido entregadas formalmente.

Ante el anterior director de administración judicial de Ibagué, César Augusto Molina, se estableció con el arrendatario la incorporación del cumplimiento en el mantenimiento del archivo según la ley, lo que conllevó a cuantiosas inversiones en tecnología, estantería, condiciones de temperatura y personal idóneo para el manejo documental, y que fueron ignoradas extrañamente por el actual director, manifiesta el propietario de los predios. 

Llama también poderosamente la atención que los juzgados que funcionaba en las instalaciones del antiguo teatro Metropol, en la calle 12 con carrera cuarta, fueran trasladados en similares circunstancias y con un aumento en el canon de arrendamiento por más del 150%. Al edificio F25 ubicado en la calle 42 con carrera quinta, propiedad de Ingeredes, de la familia Fajardo, según reposa en las denuncias. 

Todas estas inconsistencias también son de amplio conocimiento por parte de Ángela Estella Duarte Gutiérrez, actual presidenta del Consejo Seccional de la Judicatura, quién instó a Riaño a entregar las bodegas, hecho que aún no se ha cumplido. También el sindicato de la rama judicial en Ibagué, Asonal Judicial, está enterado de lo ocurrido y han manifestado inconformidad por la dificultad en los traslados para buscar documentos y por los posibles sobrecostos en arrendamientos. 

El detrimento patrimonial asciende a más de 400 millones de pesos que debe pagar la Rama Judicial al afectado, por la negligencia del director administrativo en la entrega formal de los predios. La situación ya fue denunciada ante la Fiscalía General, la Procuraduría, Consejo Superior y Seccional de la Judicatura.

¿Y la Cámara de Comercio qué?

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