Revés judicial: defensa de Cardona desarma cargos por fraude en la Nueva EPS
Una sólida argumentación del abogado ibaguereño Daniel Largacha impidió que un juez decretara medida de aseguramiento contra cuatro exdirectivos de la Nueva EPS, señalados por la Fiscalía de ocultar facturación por más de 70 mil millones de pesos entre 2019 y 2023. El juez consideró que no existían elementos probatorios suficientes para mantenerlos detenidos.

Una defensa que desmontó la acusación
En una audiencia seguida con especial atención por la opinión pública y medios de comunicación, el abogado penalista Daniel Largacha Torres, defensor del exgerente de contabilidad Edgar Pedraza Castellanos, logró neutralizar los argumentos del ente acusador. Largacha insistió en que los delitos imputados por la Fiscalía —falsedad en documento privado, fraude procesal y omisión del control de los recursos de la salud— no contaban con el sustento probatorio necesario para privar de la libertad a su cliente.
“Durante el desarrollo de la audiencia de imputación e imposición de medida de aseguramiento, no se aportaron elementos materiales probatorios que pudieran establecer una utilización, malversación o distribución indebida de los recursos de la salud”, declaró el abogado, destacando la falta de rigor probatorio en la acusación.
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Para el jurista, la Fiscalía no logró acreditar ningún tipo de apropiación indebida, ni que los recursos hubieran sido desviados a cuentas personales o campañas políticas. «Las medidas de aseguramiento deprecadas por el ente acusador no logran superar el examen constitucional de proporcionalidad», subrayó Largacha, quien dejó claro que la acusación carecía de base jurídica sólida.
El juez de garantías acogió la tesis de la defensa y enfatizó que la privación de la libertad es una medida excepcional, que debe estar justificada y respaldada por pruebas contundentes, cosa que no ocurrió en este caso.
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La tesis de la Fiscalía: facturación omitida para evitar intervención
La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a José Fernando Cardona (expresidente de la EPS), Juan Carlos Isaza Correa (exvicepresidente financiero), Edgar Pedraza Castellanos (exgerente de contabilidad) y Fabio Antonio Peralta Núñez (exgerente de cuentas médicas). El organismo judicial sostuvo que, entre los años 2019 y 2023, estos exdirectivos habrían ocultado el procesamiento de cerca de 14 millones de facturas relacionadas con servicios prestados por diversas IPS, lo que generó una apariencia artificial de estabilidad financiera en la Nueva EPS.
Según el fiscal del caso, esta estrategia habría evitado que la Superintendencia Nacional de Salud interviniera la entidad durante ese periodo, al presentar estados financieros que no reflejaban la realidad económica. La supuesta omisión, según la Fiscalía, permitió que la Nueva EPS aparentara tener patrimonio adecuado, capital mínimo y reservas técnicas en regla.
A pesar de estos señalamientos, la Fiscalía no presentó pruebas contundentes que demostraran una apropiación indebida de recursos ni un beneficio personal por parte de los implicados.
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El fallo judicial: no hay delito sin prueba
El pasado 8 de abril, tras la solicitud de medida de aseguramiento por parte del ente acusador, el juez de garantías negó dicha petición al considerar que no existían motivos fundados ni pruebas materiales que justificaran privar de la libertad a los imputados. En su intervención, el togado recordó que las medidas de aseguramiento no equivalen a una sentencia condenatoria ni pueden confundirse con penas.
El fallo fue claro: no se evidenció un enriquecimiento ilícito, ni a favor de los exdirectivos ni de terceros. Tampoco se demostró que los dineros hubiesen sido utilizados para fines distintos a los propios de la EPS.
El comunicado oficial en nombre del expresidente José Fernando Cardona Uribe también precisó que los recursos no fueron apropiados por los investigados, sino que permanecieron dentro de la EPS, con el fin de cubrir deudas generadas por servicios prestados.
La posición del Gobierno
A través de una extensa declaración en sus redes sociales, el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre la imputación a los exdirectivos de la Nueva EPS. Aunque la Fiscalía nunca habló de una apropiación de cinco billones de pesos, como se ha difundido en algunos medios, el mandatario aprovechó el caso para cuestionar el modelo de intermediación financiera en el sistema de salud.
Petro expresó que esta investigación revela fallas estructurales en el sistema y apuntó directamente a los actores privados, los cuales, según él, han usufructuado de los recursos públicos en perjuicio de clínicas, hospitales y usuarios del sistema.
“El sistema de intermediación financiera construido, sobre todo desde el 2014, es insostenible. No se puede garantizar derechos fundamentales como la salud a través de mercados financieros”, escribió el presidente, quien insistió en que solo la intervención estatal ha develado las verdaderas cifras ocultas del sistema.
Petro también lanzó preguntas sobre el papel que desempeñaron actores como la Junta Directiva de la EPS, antiguos ministros y superintendentes, incluso mencionando al político Germán Vargas Lleras, quien habría tenido injerencia en la toma de decisiones de la EPS.
A pesar que me han querido silenciar, aquí la justicia imputa cargos contra altos directivos con nombre propio, de la Nueva EPS y muestra como ocultaron más de 14 millones de facturas antes de la intervención gubernamental.
Los políticos y la prensa cooptada por los vampiros de… https://t.co/dGEFiJX34y
— Gustavo Petro (@petrogustavo) April 10, 2025
La defensa insiste: no hubo ocultamiento
Desde la defensa de Cardona Uribe, se reiteró que las facturas sí estaban registradas en los estados financieros y eran parte del procedimiento normal de auditoría. Además, se informó que el expresidente ha estado presente y disponible para colaborar con las autoridades desde el inicio del proceso.
El abogado defensor anticipó que, en un eventual juicio, demostrarán que no existió ninguna maniobra fraudulenta para ocultar la facturación ni para alterar los balances financieros.
1/4 @petrogustavo NO MIENTA MÁS. La Fiscalía dejó sin soporte sus acusaciones sobre el destino de los recursos en la Nueva EPS. El juez de garantías resolvió este caso y no encontró ningún tipo de conducta por fuera de la ley. pic.twitter.com/YlxXeFgJla
— Enrique Vargas (@EnriqueVargasLl) April 10, 2025
El caso contra los exdirectivos de la Nueva EPS continúa su curso judicial, pero la primera gran batalla fue ganada por la defensa, que logró evitar la privación de libertad de los acusados al dejar sin piso los argumentos de la Fiscalía. Mientras tanto, el debate sobre el futuro del sistema de salud sigue creciendo, impulsado por discursos políticos, pero también por decisiones judiciales que insisten en el respeto al debido proceso y al principio de presunción de inocencia.