«No les estamos diciendo que no, pero hagamos las cosas bien. No nos suelten la responsabilidad a las regiones, porque yo no hago milagros. Y por más que quiera, con este corazón tan grande que tengo, no tengo todos los recursos, ni los suficientes para poder cumplirles».
Así lo indicó la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, frente a la llegada de un número indeterminado de familias procedentes de la convulsionada zona del Catatumbo a un predio rural de Honda, en el norte del Departamento.
«Tengo una preocupación muy grande: que las familias que llegaron del Catatumbo vayan a sufrir una desilusión también grande en ese territorio. Son familias que vienen huyendo de la violencia, buscando un futuro mejor. Pero me parece que, por decisiones cortoplacistas del Gobierno nacional, vinieron y les entregaron un lote como para quitarnos el problema de encima, sin fijarse en las condiciones mínimas que deben existir para dos cosas fundamentales que establece la misma resolución: viabilidad y sostenibilidad», indicó la mandataria.
La gobernadora indicó que la finca donde fueron llevadas las familias desplazada está a 35.5 kilómetros: «¿Y cómo es la vía? Destapada, una vía terciaria. ¿A cuánto queda la institución educativa? Pues, a un poquito más de los 35 kilómetros también. ¿Van a esperar a que la familia ya se enferme para que puedan tener el servicio de salud? Eso era lo que reclamaba y eso fue lo que pedí en una mesa en la que me acompañó la Procuraduría, la Defensoría, y en la que estuvo la Organización de las Naciones Unidas. Les decía: ¿no les parece a ustedes que es mejor hacer las cosas bien, hacerlas al derecho? No estamos diciendo que no, pero venga, sentémonos».
Dijo que no sabe cuántas personas llegaron del Catatumbo ni cuántos niños hay ni cuántas mujeres hay. «¿No es más fácil sentarse antes de, no ocho días antes, a decirnos “van unas familias para el Tolima”? Por favor. ¿Y qué es lo que les vamos a ofrecer?», preguntó la mandataria departamental.
Por la finca que les dieron pasa un tubo de gas y un tubo que conduce petróleo. «¡Por Dios! ¿Agua potable? Dayron, agua potable. Tienen un pozo. Un pozo. La autoridad ambiental, cuando vaya a revisarles, tendrá que mirar. Y ustedes tienen que adelantar los trámites», sostuvo Matiz.
«Lo que pedíamos era revisar las condiciones de viabilidad y de sostenibilidad que van a tener las familias allí. ¿De qué se van a sostener las familias mientras estén ahí, mientras llegan los proyectos productivos?», comentó.
Para la Gobernadora resulta más fácil sentarse en una mesa con el Gobierno nacional y decir: «vamos a entregar estas hectáreas, y en esas hectáreas vamos a generarle a las familias estos proyectos, y: departamento, a usted le corresponde esto; municipio, a usted le corresponde esto; y la Nación va a aportar esto?»
«Eso fue lo que les dije. Esa fue la propuesta que hice. Y creo que es lo que debería corresponder. ¿Para qué? Para poder garantizarles un mínimo vital a las familias. Familias que vienen de sufrir la violencia», apuntó.
