En un trágico martes, la ciudad de Ibagué fue sacudida por dos casos de suicidio en el puente de la variante, dejando un profundo dolor en la comunidad. Una mujer de 25 años y un hombre de 32 años decidieron poner fin a sus vidas, generando preocupación en las autoridades.
La secretaria de ambiente y gestión del Riesgo de Ibagué, Jessica Salcedo, expresó su consternación por estos hechos y resaltó la dificultad de lidiar con esta situación. «Es muy triste comunicarle a la ciudad que este fenómeno de personas lanzándose desde el puente nos está invadiendo día a día», mencionó Salcedo.
Los bomberos, quienes se enfrentan valientemente a estas situaciones, se encuentran desgarrados por la carga emocional que conlleva salvar vidas y recuperar cuerpos. La labor de los organismos de socorro, como el cuerpo oficial de bomberos, la cruz roja y la defensa civil, es fundamental en estas circunstancias tan dolorosas.
La Personera Municipal de Ibagué, Francy Johanna Ardila Salazar, ha emprendido acciones para garantizar la seguridad en el «Puente de la Vida». Ardila solicitó al Consejo de Estado el trámite de sentencia anticipada en el caso de la Acción Popular que interpuso en 2021, con el objetivo de salvaguardar la existencia de aquellos que puedan acercarse al puente con ideación suicida.
El Tribunal Administrativo del Tolima ya había amparado los Derechos Colectivos invocados por la Personera, declarando que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la Sociedad APP GICA y el Municipio de Ibagué son responsables de la vulneración de los derechos colectivos a la seguridad y salubridad pública. Ahora se espera la decisión de fondo por parte del Alto Tribunal, ya que los accionados presentaron un recurso de apelación.
Ante la repetición de eventos trágicos en el puente de la variante en los últimos días, es urgente implementar medidas disuasorias para prevenir comportamientos autodestructivos. La instalación de obstáculos que impidan el acceso a la estructura y eviten lanzamientos al vacío se vuelve imperativa.
La Personera Municipal considera crucial que se otorgue un tratamiento especial a este proceso, solicitando la prelación de fallo al Consejo de Estado. Con esta medida, se busca resolver con suma prioridad el problema y proteger la vida de las personas que puedan estar en riesgo en el «Puente de la Vida».
