Las obras de infraestructura educativa en Ibagué continúan siendo objeto de seguimiento por parte de las autoridades locales y nacionales. Dos proyectos que durante años han sido señalados como “elefantes blancos” comienzan a mostrar avances, aunque todavía enfrentan ajustes técnicos y administrativos para su finalización.
Se trata de las intervenciones en las instituciones educativas José Antonio Ricaurte y Joaquín París, proyectos que han sido revisados recientemente por la Secretaría de Educación municipal con acompañamiento de la Contraloría General de la República y entidades del Gobierno nacional.
Ajustes finales en el colegio José Antonio Ricaurte
El proyecto de construcción de la nueva sede de la Institución Educativa José Antonio Ricaurte, financiado con recursos del Ministerio de Educación Nacional y administrado financieramente por FINDETER, alcanza una inversión cercana a los 20.000 millones de pesos.
Inicialmente, la obra tenía un valor aproximado de 16.500 millones de pesos, pero posteriormente recibió una adición presupuestal cercana a los 3.200 millones.
Durante recientes reuniones entre autoridades, comunidad educativa, contratista y organismos de control, se analizaron varias inconformidades expresadas por padres de familia y docentes, relacionadas principalmente con detalles en la infraestructura.
Entre los puntos discutidos se encontraba la falta de una puerta de acceso entre la cocina y el comedor escolar. Según explicó el contratista, esta estructura no estaba contemplada en los diseños iniciales, lo que generaba preocupación por posibles afectaciones a las garantías de la obra.
Tras el diálogo entre las partes, se logró un acuerdo para construir la puerta sin afectar las pólizas de garantía del proyecto.
Otro de los temas abordados fue la seguridad perimetral de la institución. La comunidad manifestó inquietudes frente a la altura del muro que rodea el colegio, el cual consideran insuficiente frente a los problemas de seguridad del sector.
Como respuesta, la administración municipal anunció que realizará un traslado presupuestal para instalar una serpentina de seguridad sobre el muro existente y reforzar la protección del plantel.
Adicionalmente, se instalará una malla eslabonada en un tramo donde el muro no pertenece directamente a la institución educativa, con el fin de evitar accesos no autorizados.
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También se anunció la posibilidad de incorporar celadores y fortalecer los servicios de aseo en el plantel.
En materia de dotación, la Secretaría de Educación informó que cuenta con 450 millones de pesos para mobiliario escolar, de los cuales cerca del 70% será destinado al Ricaurte.
Las autoridades esperan que los estudiantes puedan iniciar clases en la nueva sede en abril, después de casi ocho años de retrasos en la ejecución del proyecto.
El reto pendiente: la Institución Educativa Joaquín París
Mientras el proyecto del Ricaurte avanza hacia su etapa final, la situación es más compleja en la Institución Educativa Joaquín París, otra obra de infraestructura educativa que acumula retrasos de casi una década.
El proyecto cuenta con una inversión cercana a los 130.000 millones de pesos, de los cuales el municipio aportó cerca de 30.000 millones y la Nación aproximadamente 100.000 millones.
Los recursos son administrados por el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FIE), entidad encargada de los procesos de contratación y ejecución.
Sin embargo, a lo largo de los años se han registrado varios incumplimientos de contratistas, lo que ha obligado a declarar caducidades contractuales y abrir nuevas licitaciones.
Recientemente, el FIE adjudicó nuevamente el contrato a una empresa encargada de retomar la obra. El nuevo proceso contempla una duración aproximada de ocho meses.
Durante este periodo será necesario revisar diseños técnicos, ajustar aspectos constructivos y definir espacios provisionales para que los estudiantes continúen sus clases mientras se ejecutan las obras.
Entre las alternativas planteadas están la habilitación del salón comunal del sector y el uso temporal de algunas aulas existentes.
Una década de retrasos en infraestructura educativa
Las autoridades locales reconocen que varios de estos proyectos se han visto afectados por problemas contractuales que se arrastran desde hace nueve o diez años.
Aunque algunas instituciones ya han sido entregadas recientemente, como la sede educativa Arboleda Campestre, otras obras continúan rezagadas.
Por ahora, el reto principal será garantizar que los nuevos contratistas cumplan con los cronogramas establecidos.
Si el contrato actual se desarrolla según lo previsto, la Institución Educativa Joaquín París podría estar lista antes de finalizar el año escolar, lo que permitiría cerrar uno de los capítulos más prolongados de retrasos en infraestructura educativa en la ciudad.
