La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra los concejales de Santa Isabel, Tolima, Fredy Argenil Sierra Cuéllar, Carlos Arturo Cortés Rubio y Nancy Esperanza Roa Mendieta, quienes ejercieron su curul entre 2020 y 2023.
Los hechos no ocurrieron durante el debate formal.
Pasaron en el receso de una sesión del concejo municipal, cuando —según el ente de control— se habrían presentado comportamientos irrespetuosos hacia un servidor público.
Para la Procuraduría, si estas conductas se comprueban, los cabildantes habrían incumplido un deber básico del servicio público: tratar con respeto a quienes interactúan con la administración, afectando principios esenciales como la igualdad y la moralidad administrativa.
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El proceso avanza con un matiz clave. No todos enfrentan la misma gravedad.
La Procuraduría Provincial de Instrucción de Ibagué calificó provisionalmente las posibles faltas así:
Falta grave, a título de culpa grave para
- Fredy Argenil Sierra Cuéllar
- Nancy Esperanza Roa Mendieta
Falta grave, a título de culpa gravísima para
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Carlos Arturo Cortés Rubio, por la presunta comisión de una agresión física
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La diferencia no es menor. En el régimen disciplinario, la culpa gravísima marca un umbral más alto de responsabilidad y abre la puerta a sanciones más severas. Este caso vuelve a poner sobre la mesa una discusión incómoda: ¿dónde empieza y dónde termina la conducta pública de un funcionario?
Porque el cargo no se suspende en los recesos. Ni el respeto es opcional cuando se ejerce poder. Si el control disciplinario alcanza incluso lo que ocurre “fuera de micrófonos”.
