¿Una Nueva seguridad democrática?

Contrario al discurso del presidente del Senado, Duqué, está dispuesto a no gobernar con el espejo retrovisor buscando culpables de los fracasos en la anterior administración. Afirmó que es la oportunidad para no dividir más al país con odios políticos y empezar a trabajar para dar garantías a los colombianos y recuperar la credibilidad en las instituciones.

 La base de pensar en un “Acuerdo por la Legalidad”, hace énfasis en:

La desmovilización y la oportunidad:

Afirmó que cree en la desmovilización, el desarme y la reinserción de la base guerrillera. “Muchos de ellos fueron reclutados forzosamente o separados de su entorno por la intimidación de las armas”.

Se comprometió a buscar para la base de esas organizaciones, oportunidades productivas, garantías laborales y velar por su protección.

Grupos al margen de la ley y narcotráfico:

EL narcotráfico no es un delito conexo a las ideologías políticas. Afirmó que ha llegado el momento de evitar que los grupos armados que trafican drogas y pretendan ganar beneficios mimetizando sus delitos con causas ideológicas.

Dejó claro que en adelante el narcotráfico y el secuestro no son delitos conexos al delito político ni mecanismos legítimos para financiar y promover ninguna causa. “Hoy mismo le cumplo a Colombia y llevaré esta iniciativa ante el Congreso de la República”.

Los carteles de la droga:

Durante su intervención afirmó que es fundamental el construir la Paz requiere derrotando a los carteles de la droga que amenazan distintos lugares del territorio. Expresó que no se permitirá que, los “disidentes”, los “clanes”, las mal llamadas “oficinas”, sigan haciendo de las suyas en el país, en las fronteras y en las regiones más apartadas.

“Como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y en colaboración con las autoridades judiciales vamos a actuar en todo el territorio nacional para desarticular las redes de crimen organizado y llevarlas ante la Justicia, haciendo valer la premisa: El que la hace, la paga”.

Especificó que serán efectivos en la erradicación y sustitución de cultivos ilícitos de la mano de las comunidades, se pondrán en marcha proyectos productivos y en romper las cadenas logísticas y de abastecimiento de las estructuras del narcotráfico.

Las víctimas y la reparación:

El mandatario expresó que las víctimas, deben contar con reparación moral, material y económica por parte de sus victimarios y que no serán agredidas por la impunidad.

También el direccionamiento  de bienes públicos en todas las regiones del país, empezando por las que han sido golpeadas por la violencia. “Sólo una sociedad donde la seguridad y la justicia garantizan la aplicación de la ley, logra derrotar la violencia”.

El ELN:

Duque, fue claro a la hora de referirse a los diálogos con el ELN,  afirmó que el primer paso es que durante los primeros 30 días de gobierno se realizará una evaluación responsable, prudente y completa del proceso de conversaciones que durante 17 meses se ha adelantado con el grupo al margen de la ley.

“Nos vamos a reunir con las Naciones Unidas, la Iglesia Católica y los países que han venido apoyando dicho proceso, para que en el marco de la independencia y la institucionalidad del Estado, compartan con nosotros el balance acerca del mismo. Quiero dejar claro que un proceso creíble debe cimentarse en el cese total de acciones criminales, con estricta supervisión  internacional, y tiempos definidos. Queremos avanzar pero el pueblo colombiano no tolerará que la violencia sea legitimada como medio de presión al Estado”.

Delitos contra menores:

Para finalizar el Acuerdo por la legalidad, expuso que se necesita con urgencia trabajar por la seguridad ciudadana. Tener mecanismos para georeferenciar el delito, desarticular estructuras, perseguir a los jíbaros que inducen a los niños a la droga, sancionar con cadena perpetua a los proxenetas, a las “Madames”, a los violadores, asesinos de menores, mujeres y concentrarse  en la prevención del crimen.

No más casa por cárcel:

Otra de las situaciones que aquejan al país es la falta de cumplimiento en las penas y sanciones que se impone a quienes cometan delitos.

Se planteó por parte del mandatario el endurecimiento de las penas para los corruptos y la eliminación del beneficio de casa por cárcel, ni reducción de penas.

Sancionar severamente a empresas, dueños y gestores que corrompan funcionarios, prohibiendo su contratación con el Estado.  Promover los pliegos de contratación en entidades estatales, limitar a no más de tres períodos la presencia en cuerpos colegiados de elección popular.

Hacer imprescriptibles los delitos contra la administración pública y hacer de la publicación de la declaración  de renta de todos los funcionarios un deber constitucional.

Adicionalmente, puntualizó que el país se ha retrasado en la implementación de una reforma a la Justicia que la haga más eficiente, cercana al ciudadano, confiable y que permita garantizar oportunamente los derechos de todos los colombianos.

“La reforma a la Justicia no da espera, porque la mora judicial, el hacinamiento carcelario, los procesos interminables, la precaria tecnología con la que operan nuestros despachos, los riesgos de corrupción y en muchos casos la falta de transparencia y coherencia procesal y probatoria se van carcomiendo la esperanza colectiva”.