Un llamado al Ministerio de Vivienda para que realice ajustes al proyecto de decreto que modifica los topes de la Vivienda de Interés Social (VIS) y su esquema de comercialización hizo la Procuraduría General de la Nación.
Según la entidad, la Procuraduría Delegada Segunda para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, en ejercicio de su función preventiva advirtió la necesidad de fortalecer cuatro aspectos clave: la seguridad jurídica de la medida, su sustento económico con enfoque territorial, la definición de reglas claras de transición para proyectos en curso y la evaluación integral de su impacto social.
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«Si bien la iniciativa busca mejorar la transparencia en los precios y proteger a los compradores frente a incrementos no previstos, también podrían generarse efectos en la oferta de vivienda, la viabilidad de proyectos en determinados territorios y el acceso efectivo de los hogares», advierte el Ministerio Público.
Finalmente, la Procuraduría sostiene que esta «actuación se adelanta sin coadministrar ni sustituir competencias, con el propósito de anticipar riesgos y contribuir a que las decisiones públicas se adopten con criterios de legalidad, sostenibilidad y enfoque social».
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