La minería ilegal en Ataco ya no es solo un problema ambiental. Es una amenaza de seguridad, autoridad y control territorial. Así lo denunció la directora de Cortolima, Olga Lucía Alfonso Ianini, al revelar que las capacidades de las entidades regionales han sido superadas por la magnitud de esta actividad ilícita.
Según explicó la funcionaria en declaraciones entregadas a Tamalio Noticias, en lo que va del año se han realizado cinco operativos contra la minería ilegal: cuatro en Ataco y uno en Planadas. Sin embargo, los resultados no han sido los mismos.
En Planadas, gracias al trabajo articulado con la Policía y otras fuerzas, se logró la incautación de maquinaria pesada, entre ellas una retroexcavadora tipo oruga, un motor industrial y otros equipos usados para la extracción ilegal.
Pero en Ataco el panorama es distinto
Cuando las autoridades llegan al lugar, las comunidades se movilizan masivamente e impiden que los operativos se concreten. En algunos casos, más de 500 personas han bloqueado la incautación o destrucción de la maquinaria.
“Las comunidades hacen presencia en el punto e impiden que la Policía pueda destruir o decomisar las retroexcavadoras”, explicó la directora de Cortolima.
El problema ya desbordó a las autoridades locales
Olga Lucía Alfonso fue clara: la situación supera las capacidades de Cortolima, los alcaldes, la Gobernación e incluso de la fuerza pública.
La minería ilegal en el sur del Tolima no solo está destruyendo los recursos naturales, sino que está generando graves impactos sociales y de seguridad.
“Se requiere una acción integral del Estado, no solo por lo ambiental, sino por los enormes problemas de seguridad y sociales que esto está causando”, advirtió.
Solicitan intervención nacional urgente
Ante la gravedad del escenario, Cortolima envió el pasado 17 de octubre un informe formal solicitando la creación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) Nacional, con presencia de las más altas autoridades del Estado.
La petición es clara: una intervención directa y coordinada desde el nivel central, para frenar el avance de estas estructuras que ya no pueden ser contenidas solo con operativos regionales.
Mientras tanto, la minería ilegal sigue avanzando en el sur del Tolima, ante la dificultad de las autoridades para ejercer control total en los territorios.
