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5.364 millones de pesos enredados por viviendas fiscales de la Policía

La Contraloría precisó que este proyecto de vivienda, ubicado en el municipio de San Luis, Tolima, está abandonado hace cuatro años y no se evidencia gestión alguna para su terminación.

La Contraloría General de la República determinó un presunto daño fiscal por $5.364 millones, por el uso improductivo de los recursos que invirtió la Policía Nacional en la construcción de un proyecto de 51 casas fiscales en el municipio de San Luis, Tolima.

Hay que reseñar que las casas no fueron terminadas y no cuentan con condiciones de habitabilidad. Parte del posible detrimento patrimonial encontrado en este caso corresponde a lo invertido en obra ($5.132 millones) y el resto a la interventoría ($231 millones).

De igual forma los contratos de obra y de interventoría fueron suscritos en diciembre de 2012, el primero con la firma Socar Ingeniería Ltda. y el segundo con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

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Las viviendas inconclusas estaban destinadas a familiares de los Comandos Junglas, encargados de operaciones contra el narcotráfico y el crimen organizado.

Un hecho llamativo para la Contraloría es que para la construcción de las 51 viviendas se dio un plazo de ejecución de apenas 3 días. El acta tiene fecha de inicio del 27 de diciembre 2012 y el plazo de ejecución del contrato era hasta el 31 de diciembre de 2012, deficiencia de planeación que llevó a realizar cuatro prórrogas.

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Por esta deficiencia de planeación se debieron realizar cuatro prorrogas, así:

  1. El 31 de diciembre de 2012 por seis (6) meses, hasta el 30 de junio de 2013.
  2. El 28 de junio de 2013 por cuatro (4) meses, hasta 28 de octubre de 2013.
  3. El 31 de diciembre de 2013, hasta el 30 de mayo de 2014.
  4. El 30 de mayo de 2014, hasta el 28 de agosto de 2014.

Estas prórrogas en tiempo no modificaron la forma de pago, por lo tanto, no existe relación entre las prórrogas otorgadas, la forma de pago pactada y los recursos presupuestales apropiados, lo que condujo a que la Reserva Presupuestal expirara, quedando desfinanciada la obra.

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