El miércoles 3 de septiembre, el país recibió con indignación la confirmación del Ejército Nacional sobre un violento ataque en el que resultaron heridos un subteniente y un soldado profesional durante operaciones militares en la vereda Siloé, municipio de Villagarzón, Putumayo. Los uniformados fueron víctimas de un intento de homicidio cuando desconocidos les rociaron gasolina y les prendieron fuego, mientras realizaban la destrucción de un laboratorio ilegal de cocaína.
El subteniente Miguel Ángel Mejía Gutiérrez sufrió quemaduras en el 75 % de su cuerpo, mientras que el soldado profesional Sebastián Díaz Amaya registró lesiones de consideración en el 30 %. Ambos fueron atendidos de urgencia en Florencia, Caquetá, antes de iniciar su traslado aéreo hacia Bogotá, donde especialistas del Hospital Militar se encargan de su atención en la unidad de quemados. De acuerdo con los reportes médicos, el estado de salud de Mejía Gutiérrez es crítico, lo que genera especial preocupación entre sus compañeros y superiores.
La evacuación comenzó hacia las 11:00 de la mañana, en medio de un fuerte despliegue logístico y médico. En imágenes divulgadas en medios de comunicación se observa el momento en que los soldados son estabilizados y trasladados en helicóptero, acompañados por personal de sanidad militar. En total, tres uniformados fueron remitidos para recibir atención de mayor complejidad.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se pronunció de manera categórica sobre lo ocurrido. “A los militares les rociaron gasolina y les prendieron fuego para interrumpir un procedimiento legal contra el narcotráfico. Los responsables no son campesinos ni comunidades reclamando derechos; son criminales y narcos que intentaron asesinarlos”, aseguró.
El jefe de la cartera de Defensa también anunció una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables del ataque. A través de sus redes sociales, Sánchez hizo un llamado a los colombianos a rechazar de manera contundente este crimen y a solidarizarse con los soldados heridos, a quienes calificó como héroes de la patria.
Por su parte, el Ejército emitió un comunicado en el que condenó lo sucedido, calificando los hechos como “una grave agresión” y “una flagrante violación a los derechos humanos”. La institución subrayó que los uniformados actuaban bajo el mandato constitucional de proteger a la población y garantizar la seguridad en la región, afectada por la presencia de grupos armados ilegales dedicados al narcotráfico.
“El constreñimiento de la población civil y las agresiones contra nuestros hombres hacen parte de una estrategia del grupo armado organizado Comandos de Frontera para impedir la ejecución de operaciones militares”, señaló la institución, recalcando que no se detendrán los esfuerzos por neutralizar las economías ilícitas que sostienen a estas estructuras.
El caso ha despertado una fuerte ola de rechazo en diferentes sectores del país. Desde organizaciones sociales hasta líderes políticos han expresado su indignación, mientras que familiares y compañeros de los heridos esperan la evolución de su estado de salud.
Las autoridades han reforzado las investigaciones para dar con los responsables, mientras se mantienen los operativos militares en Putumayo. El Gobierno insiste en que este ataque no puede quedar en la impunidad y que la violencia contra la Fuerza Pública debe ser condenada por todos los colombianos.
En tanto, la atención médica especializada en Bogotá se ha convertido en la prioridad. El país sigue pendiente de la recuperación de los soldados, con la esperanza de que el esfuerzo de los equipos médicos logre salvarles la vida después de un acto que ha sido calificado como demencial y cruel.
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