La discusión por los recientes incrementos en los avalúos catastrales en Colombia escaló a un nuevo nivel de tensión tras las declaraciones de Tatiana Muñoz, vocera nacional de asociaciones y veedurías ciudadanas, quien aseguró que las mesas de diálogo con el Gobierno no han logrado acuerdos y que persiste una profunda desconfianza frente al proceso de concertación.
Las movilizaciones, que han incluido bloqueos en distintos puntos del país —entre ellos corredores estratégicos como el que conecta el centro con el occidente colombiano en Cajamarca (Tolima)—, responden a inconformidades por el impacto económico que, según los manifestantes, generan las nuevas valoraciones prediales en zonas rurales y urbanas.
Muñoz explicó en entrevista con medios regionales que las jornadas de diálogo han sido extensas pero sin resultados concretos. “Estuvimos desde las nueve de la mañana hasta las once de la noche y no se llegó a ninguna concertación”, afirmó, al referirse a la reunión sostenida en el marco de la mesa técnica nacional.
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El origen del conflicto: avalúos y la Resolución 2057
Uno de los puntos centrales del debate es la aplicación de la Resolución 2057, asociada al artículo 49 del Plan Nacional de Desarrollo, que contempla ajustes en los avalúos catastrales en distintas regiones del país.
Según la vocera, esta medida se habría implementado sin suficiente socialización ni estudios técnicos territoriales previos. “El gobierno ordenó el aumento de los avalúos de manera automática y sin ningún tipo de estudio”, señaló Muñoz, advirtiendo que esto ha generado impactos directos en impuestos como el predial, patrimonio, renta y otros componentes económicos asociados a la propiedad.
Desde la perspectiva de las organizaciones movilizadas, el incremento no solo afecta la tierra, sino también el acceso a subsidios sociales, el puntaje del Sisbén, la estratificación y hasta los costos notariales.
Denuncias de desinformación y tensiones en la mesa de diálogo
Muñoz también denunció lo que considera un ambiente de desinformación en el proceso de concertación. Según su versión, en las mesas han participado actores que no representan directamente a las comunidades movilizadas, lo que —afirma— ha dificultado la construcción de acuerdos.
“Se tergiversa la narrativa y se intenta negociar desde información equivocada”, indicó, agregando que existe una falta de voluntad política para avanzar en soluciones estructurales.
La vocera cuestionó además el enfoque del debate público, que —según ella— se ha centrado en una confrontación ideológica entre “ricos y pobres”, cuando el problema real sería técnico y fiscal.
“No se puede saber quién es rico o pobre solo por un avalúo. Hay campesinos a quienes les aumentaron más del 2000% sus impuestos”, aseguró.
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Bloqueos y afectación en vías nacionales
En departamentos como Tolima y Boyacá, las protestas han incluido bloqueos intermitentes en vías principales. En Cajamarca, por ejemplo, se ha implementado un esquema de apertura parcial de la carretera con cierres programados, lo que ha generado afectaciones en la movilidad entre el centro y el occidente del país.
De acuerdo con la vocera, la decisión de mantener o suspender los bloqueos dependerá de los resultados de las nuevas jornadas de diálogo. Sin embargo, advirtió que las comunidades no buscan generar afectaciones, sino ser escuchadas.
“Nuestra intención no es poner en riesgo a la población ni generar caos, pero tampoco podemos ignorar el impacto que están teniendo estas medidas”, afirmó.
Advertencias sobre posible escalamiento del conflicto
Uno de los apartes más sensibles de la entrevista fue la advertencia sobre una posible escalada social si no se alcanzan soluciones de fondo.
“Esto puede generar un estallido social si no se atiende estructuralmente”, señaló Muñoz, quien insistió en la necesidad de un debate técnico y no ideológico sobre la política catastral.
También cuestionó el papel del Gobierno Nacional en la negociación, señalando que los avances han sido limitados y que en algunas instancias han participado funcionarios sin capacidad decisoria plena.
Impacto en la población y casos ciudadanos
Durante la conversación, se mencionaron múltiples testimonios de ciudadanos afectados por los incrementos en los avalúos. Uno de ellos corresponde a una persona en zona rural del Tolima que denunció un aumento significativo en su impuesto predial, pasando de cifras mínimas a valores superiores a los dos millones de pesos.
Este tipo de casos ha alimentado el malestar en comunidades campesinas, que aseguran no contar con herramientas claras para reclamar o corregir las actualizaciones catastrales.
Según Muñoz, en la mayoría de los casos los ciudadanos deben acudir a derechos de petición ante gestores catastrales o alcaldías, dependiendo del origen del cálculo.
Sin acuerdo claro y con incertidumbre nacional
Pese a las extensas mesas de negociación, no existe hasta el momento un acuerdo definitivo entre las partes. Las organizaciones movilizadas insisten en la derogatoria o revisión de las medidas, mientras que las entidades oficiales han defendido la necesidad de actualización catastral como una herramienta de modernización fiscal.
La vocera concluyó que el movimiento continuará evaluando sus acciones en las próximas horas, sin descartar nuevas decisiones frente a los bloqueos y movilizaciones.
Mientras tanto, la situación permanece abierta y con alto nivel de incertidumbre en varias regiones del país, donde la tensión entre comunidades, autoridades locales y Gobierno Nacional sigue en aumento.
