Cajamarca dice «Ley 550 sí, pero no así»: comunidad pide frenar facultades sobre bienes y garantizar control
Durante el debate del proyecto para someter a Cajamarca a la Ley 550, varios ciudadanos coincidieron en que el municipio necesita una salida a su crisis financiera, pero cuestionaron el alcance de algunas facultades planteadas en la iniciativa y pidieron mayor información sobre las deudas, los bienes y las obligaciones que entrarían en el proceso.
La discusión sobre la eventual entrada de Cajamarca a la Ley 550 no solo generó un extenso debate entre los concejales. La participación de ciudadanos en la sesión puso sobre la mesa una preocupación que se repitió en varias intervenciones: la comunidad no se opone a buscar una solución para las finanzas municipales, pero reclama claridad, límites y mecanismos efectivos de control antes de que se tome una decisión que podría comprometer el futuro financiero y patrimonial del municipio.
Las intervenciones se produjeron durante una sesión que terminó siendo prorrogada hasta el próximo 4 de septiembre, luego de más de diez horas de discusión. La decisión también está relacionada con una acción de tutela presentada por ciudadanos y admitida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Cajamarca, que analiza una presunta vulneración al derecho fundamental a la participación ciudadana y política durante el trámite del proyecto.
El despacho judicial ordenó, como medida provisional, garantizar espacios reales de participación antes de adoptar una decisión definitiva sobre la iniciativa.
En ese escenario, los ciudadanos que intervinieron insistieron en que Ley 550 sí, pero no de cualquier manera.
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Cajamarca necesita una solución, pero la comunidad pide garantías
Una de las intervenciones más contundentes fue la de Shirley Karina Gómez, quien comenzó señalando que el debate no debería convertirse en una confrontación política contra la administración municipal.
Gómez manifestó su respeto por el alcalde Camilo Valencia y reconoció que, desde su perspectiva, el mandatario tiene la responsabilidad de buscar alternativas para enfrentar la situación financiera del municipio.
Sin embargo, advirtió que corresponde al Concejo Municipal determinar si el proyecto resulta viable y establecer las condiciones bajo las cuales se entregarían las facultades contempladas en el acuerdo.
La ciudadana fue enfática al señalar que su intervención no debía interpretarse como un rechazo a la Ley 550.
“Ley 550 sí, pero no así”, fue la idea central de su intervención.
Su principal cuestionamiento estuvo relacionado con los artículos 4 y 6 del proyecto y con la necesidad de conocer con precisión cuáles son los bienes y activos que tiene actualmente el municipio.
Gómez cuestionó además que la comunidad todavía no contaría con toda la información solicitada a la administración municipal para conocer con detalle cuánto se debe, a quiénes se les debe y qué activos podrían estar relacionados con las facultades que contempla el proyecto.
Comunidad cuestiona las facultades para enajenar bienes
Uno de los puntos que más preocupación generó entre los participantes fue el concepto de enajenación incluido dentro de las facultades que se plantean en el proyecto.
Gómez recordó que en el debate se ha discutido la posibilidad de facultar al alcalde para vender, ceder, permutar o entregar bienes en dación de pago, y sostuvo que la comunidad necesita claridad sobre el alcance de esas disposiciones.
La ciudadana rechazó que sus cuestionamientos sean interpretados como una oposición a solucionar la crisis financiera.
Su preocupación, explicó, está en que antes de entregar facultades de ese alcance se conozca exactamente qué patrimonio tiene el municipio y cuáles serían los límites para disponer de esos bienes.
También mencionó que había solicitado información a la administración municipal para revisar los documentos relacionados con las obligaciones y los activos, pero que la Alcaldía habría pedido una prórroga para responder debido a la cantidad de documentos solicitados.
Para Gómez, sin esa información resulta difícil que la ciudadanía pueda participar de manera plenamente informada en una decisión de esta magnitud.
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Álvaro Quintero pide límites claros en el proyecto
Otra de las intervenciones ciudadanas estuvo a cargo de Álvaro Quintero, quien también dejó claro que no se opone a que Cajamarca encuentre una salida a su situación financiera.
Su preocupación, dijo, está en que una solución necesaria no termine convirtiéndose en una autorización que posteriormente sea difícil de controlar por parte del Concejo y de la ciudadanía.
Quintero aseguró que todavía esperaba respuesta a un derecho de petición presentado ante Hacienda, relacionado con los antecedentes financieros del municipio y las obligaciones pendientes.
Durante su intervención llamó la atención sobre las cifras contempladas en el proyecto, entre ellas obligaciones con mandamientos de pago, más de 50 procesos judiciales y pretensiones estimadas, pero resaltó que las propias cifras requerirían una depuración y que algunos procesos judiciales todavía no han concluido.
A partir de esa situación planteó una pregunta de fondo: si todavía está pendiente determinar con precisión cuál es el pasivo susceptible de negociación, ¿hasta dónde deberían llegar las facultades que se otorguen para reconocer, conciliar y negociar obligaciones?
Quintero también cuestionó expresiones amplias incluidas en el proyecto, relacionadas con la posibilidad de adelantar “todas las actuaciones necesarias”, realizar operaciones financieras necesarias o utilizar cualquier otro mecanismo permitido por la ley.
A su juicio, esas expresiones deberían tener límites mucho más precisos.
Proponen proteger el patrimonio de Cajamarca
La propuesta presentada por Quintero fue concreta: establecer un plazo máximo para las facultades, enumerar expresamente las actuaciones autorizadas, proteger el patrimonio municipal y definir límites relacionados con rentas, créditos, garantías y vigencias futuras.
También pidió que se establezcan informes trimestrales obligatorios al Concejo Municipal y que exista publicación permanente de la información relevante para la ciudadanía.
Su planteamiento se resumió en una frase que marcó buena parte de la intervención:
“No les pido que no solucionen el problema de hoy, les pido que no solucionemos el problema de hoy comprometiendo el Cajamarca del mañana”.
Además, solicitó que sus observaciones fueran incorporadas en el acta de la sesión y que se evaluara la modificación de los artículos 1, 4, 5, 6, 8 y 9 del proyecto.
También piden conocer qué bienes tiene el municipio
Otro ciudadano que participó en la discusión llevó el debate hacia la protección de los bienes municipales.
Su argumento partió de una idea: si Cajamarca necesita acogerse a la Ley 550, el proceso debe estar acompañado de controles suficientes para evitar decisiones que puedan afectar el patrimonio público.
El participante recordó que anteriormente perteneció a las Fuerzas Militares y a la Policía, y utilizó el concepto de control como eje de su intervención.
Según explicó, el control político debe mantenerse precisamente porque la comunidad quiere que Cajamarca salga adelante.
Su pregunta estuvo dirigida a los concejales: si dentro de la información entregada para estudiar el proyecto existe un listado completo de los bienes municipales que tienen protección frente a la posibilidad de ser enajenados.
También preguntó si se cuenta con información relacionada con el valor de los predios y con el objeto específico de cada uno de los bienes de propiedad del municipio.
La preocupación expresada fue que los ciudadanos necesitan conocer qué patrimonio tiene Cajamarca antes de que se aprueben facultades relacionadas con la negociación de sus obligaciones.
Cuestionan posibles vicios en el trámite
Durante otra intervención ciudadana también surgieron cuestionamientos relacionados con el procedimiento que ha seguido el proyecto de acuerdo.
El participante manifestó que, a su juicio, existirían varios posibles vicios de procedimiento que deberían revisarse antes de aprobar las facultades.
Advirtió que una eventual irregularidad podría terminar siendo utilizada posteriormente por acreedores para cuestionar el acuerdo.
En su intervención mencionó, entre otros asuntos, preocupaciones relacionadas con recusaciones y posibles conflictos de intereses dentro del trámite de la iniciativa.
También cuestionó la rapidez con la que se ha desarrollado el proceso. Según expuso, el proyecto fue radicado el 12 de agosto, tuvo debate en comisión el 27 de agosto y llegó a plenaria el 31 de agosto.
Su llamado fue a revisar cuidadosamente cada etapa para evitar que un proyecto destinado a solucionar las finanzas del municipio termine enfrentando posteriormente cuestionamientos jurídicos.
La tutela pone nuevamente la participación ciudadana en el centro
Las preocupaciones expresadas por los ciudadanos se producen precisamente cuando la participación de la comunidad se convirtió en uno de los puntos centrales del trámite.
La acción de tutela presentada por ciudadanos fue admitida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Cajamarca, que además ordenó una medida provisional relacionada con la garantía de espacios efectivos de participación.
Según lo informado durante el debate, la decisión judicial está relacionada con la necesidad de permitir que la ciudadanía conozca el proyecto, formule observaciones y que esas intervenciones sean tenidas en cuenta dentro de la discusión.
Las tutelas fueron presentadas por dos ciudadanos y posteriormente acumuladas en un solo expediente por tratarse de hechos y pretensiones similares contra la Alcaldía y el Concejo de Cajamarca.
En medio de ese escenario, la corporación decidió prorrogar la sesión y aplazar la votación hasta el 4 de septiembre.
Cajamarca espera ahora una decisión con más información
El debate deja claro que entre los participantes de la comunidad no existe una posición unificada de rechazo a la Ley 550. Por el contrario, varias de las intervenciones reconocieron que el municipio necesita encontrar una solución frente a sus obligaciones financieras.
El punto de discusión está en cómo se aplicaría esa solución, qué facultades tendría la administración, qué bienes estarían involucrados, cuáles serían los límites y qué mecanismos tendría la ciudadanía para ejercer control.
Mientras la discusión continúa, los participantes reclaman respuestas sobre las deudas, los procesos judiciales, los activos municipales y los estudios que sustentan la necesidad de acogerse al mecanismo de reestructuración.
La decisión del Concejo, por ahora, tendrá que esperar.
El próximo 4 de septiembre, Cajamarca volverá a tener sobre la mesa un proyecto que no solamente define una ruta para enfrentar sus obligaciones financieras, sino que también abre una discusión de fondo sobre la protección del patrimonio público y la participación ciudadana en las decisiones que marcarán el futuro del municipio.
