La Fiscalía judicializó al exalcalde de Ibagué Andrés Fabián Hurtado Barrera y a otras siete personas por presuntas irregularidades relacionadas con la selección del contratista y la ejecución del contrato de interventoría del proyecto del puente de la calle 60.
Los hechos investigados están relacionados con un contrato cuyo valor superó los $2.997 millones, con un plazo de ejecución de ocho meses, y cuyo propósito era realizar el seguimiento técnico, administrativo, financiero, ambiental y jurídico a la construcción del puente elevado y sus interconexiones.
Además de Hurtado, la Fiscalía judicializó a la exsecretaria de Infraestructura Sharon Dayana Guzmán González; los exsupervisores Diego Fernando Herrán Triana, Freddy Mauricio Peralta Delgado y Jorge Andrés Zambrano Rodríguez; las exasesoras de la Alcaldía Angie Juliett Rojas Millán y María Alejandra Arenas Plata, y el contratista Francisco José Restrepo Albarello.
Fiscalía cuestiona selección del consorcio interventor
De acuerdo con la investigación, durante el proceso de contratación habría ocurrido una presunta irregularidad relacionada con la participación del consorcio que finalmente asumió la interventoría.
La Fiscalía señaló que Angie Juliett Rojas Millán y María Alejandra Arenas Plata, quienes hacían parte del comité evaluador jurídico, habrían tramitado y aprobado la propuesta presentada por el consorcio representado por Francisco José Restrepo Albarello, pese a que, según la investigación, este estaría inhabilitado para contratar con el Estado.
Este aspecto hace parte de las circunstancias que ahora deberán ser esclarecidas dentro del proceso penal.
Más de $1.000 millones cuando la obra no llegaba al 6 %
Uno de los principales elementos de la investigación está relacionado con los pagos realizados al consorcio encargado de la interventoría.
Según explicó la Fiscalía, el contrato establecía que los pagos debían realizarse de acuerdo con el porcentaje de ejecución del contrato de obra.
Sin embargo, las labores de policía judicial habrían permitido establecer que al interventor se le realizaron desembolsos superiores a los $1.000 millones, pese a que para ese momento la construcción del puente registraba un avance inferior al 6 %.
La Fiscalía considera que estos pagos no se habrían ajustado a las condiciones pactadas en el contrato y por ello atribuyó responsabilidades individuales a varios de los funcionarios y contratistas involucrados.
¿Qué señala la Fiscalía sobre el exalcalde Andrés Hurtado?
En el caso del exalcalde Andrés Fabián Hurtado Barrera, la Fiscalía sostiene que, en su condición de mandatario municipal, presuntamente omitió ejercer los controles necesarios sobre el proceso de selección y la ejecución del contrato de interventoría.
La investigación busca establecer si las actuaciones u omisiones que se le atribuyen tuvieron relación con las presuntas irregularidades detectadas durante el proceso contractual.
La judicialización, sin embargo, no significa que exista una condena contra el exalcalde. Su responsabilidad penal deberá ser determinada dentro del proceso y conforme avance la actuación judicial.
Señalamientos contra la exsecretaria de Infraestructura
La Fiscalía también atribuyó una posible responsabilidad a la entonces secretaria de Infraestructura Sharon Dayana Guzmán González.
Según el ente investigador, Guzmán habría participado en la adjudicación del contrato y habría respaldado actuaciones que permitieron realizar pagos que, de acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, eran contrarios a las condiciones pactadas.
El papel de la exfuncionaria será materia de discusión dentro del proceso penal.
El papel que habría tenido el contratista
El contratista Francisco José Restrepo Albarello, representante legal del consorcio interventor, también fue judicializado.
La Fiscalía sostiene que, en esa condición, al parecer promovió cobros que no correspondían con las condiciones establecidas en el contrato ni con el porcentaje de ejecución que presentaba la obra.
Precisamente, los desembolsos superiores a los $1.000 millones cuando la construcción registraba menos del 6 % de avance constituyen uno de los aspectos centrales de la investigación.
Tres exsupervisores también fueron procesados
La Fiscalía vinculó además a Diego Fernando Herrán Triana, Freddy Mauricio Peralta Delgado y Jorge Andrés Zambrano Rodríguez, quienes se desempeñaron como supervisores.
Según el ente acusador, los tres presuntamente supervisaron, tramitaron o avalaron los desembolsos cuestionados sin adoptar las medidas que, de acuerdo con sus funciones, les correspondían para impedir que se realizaran.
La investigación deberá establecer el grado de participación individual de cada uno y si las actuaciones atribuidas tuvieron relevancia penal.
Los delitos imputados
Un fiscal de la Administración Pública de la Seccional Tolima imputó a los procesados diferentes delitos, de acuerdo con la posible responsabilidad individual que la Fiscalía atribuye a cada uno.
Entre las conductas investigadas se encuentran:
- Peculado por apropiación en favor de terceros.
- Peculado por apropiación en favor propio.
- Interés indebido en la celebración de contratos.
- Prevaricato por omisión.
- Violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades.
No todos los procesados necesariamente enfrentan los mismos cargos, pues la Fiscalía señaló que las imputaciones fueron realizadas de acuerdo con la posible responsabilidad individual de cada uno.
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¿Qué sigue en el proceso?
Con la judicialización y la imputación de los delitos señalados por la Fiscalía, el caso continuará ante la justicia penal, donde deberán debatirse las pruebas y las responsabilidades individuales de cada uno de los procesados.
Por ahora, los señalamientos corresponden a la hipótesis de la Fiscalía y no equivalen a una sentencia condenatoria. Será la autoridad judicial competente la que determine, con base en las pruebas que se incorporen al proceso, si existe responsabilidad penal.
El caso vuelve a poner bajo investigación uno de los proyectos de infraestructura más cuestionados de la administración municipal de Andrés Hurtado, particularmente por las actuaciones relacionadas con la contratación de la interventoría y los pagos realizados durante la ejecución de la obra.
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