La Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, trabajan de manera conjunta en el programa de vigilancia y control denominado “Transparencia para la Emergencia”.
Esto se debe a las presuntas irregularidades en el manejo de recursos destinados a las ayudas humanitarias, para atender la emergencia del covid-19. Las tres entidades de control anunciaron que han identificado hasta el momento un total de 53 procesos contractuales que suman una cuantía de 135.000 millones de pesos (($135.918’838.213).
Juzgamiento Disciplinario
Fue citado a audiencia de juzgamiento disciplinario el gobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, por presuntas irregularidades en el contrato para la realización de eventos y actividades artísticas en el municipio de Cravo Norte, por $570 millones. Fue suscrito el 14 de abril de 2020, sin que, al parecer, se hubiera tenido en cuenta la emergencia sanitaria por el covid-19. Al gobernador se le reprocha la presunta violación al principio de planeación y de transparencia, que comporta el deber de selección objetiva y de responsabilidad de la contratación estatal.
Suspendidos
Se abrió investigación al gobernador del Chocó, Ariel Palacios Calderón, se ordenó su suspensión por 3 meses y se solicitó la suspensión del contrato 0198 de 2020, por más de $2.000 millones de pesos, al advertir que “resulta altamente inconveniente que ante la pandemia producida por el COVID-19, los recursos del Estado no estén dirigidos a garantizar los derechos fundamentales a la salud, a la vida de las personas que pudieran resultar contagiadas, y del personal médico y de enfermería que tendría que atender a los pacientes”.
Para el caso del alcalde de Calarcá, en el Quindío, Luis Alberto Balsero Contreras, y el Secretario Administrativo del municipio, José Garzón, se ordenó la apertura de investigación y la suspensión del cargo por 3 meses por presuntas irregularidades con contrato de suministro No. 007 de 2020 por $396.951.000.
Evaluación de pruebas
En el caso de la alcaldía de Armenia se abrió indagación por un contrato por $300 millones, con la empresa ´Guitarra & Coffee´, para el suministro de servicios logísticos, operativos, asistenciales y de restaurante para el personal administrativo, fuerza pública, organismos de control o voluntariado, que apoyan la gestión del municipio para atender la emergencia generada por el covid-19. El contrato fue suspendido por petición de la PGN.
En los casos de las alcaldías de Malambo y Soledad, en el Atlántico, y las gobernaciones de Cesar y Tolima, así como en otros 11 procesos más, avanza la indagación preliminar para evaluación sobre posible juicio disciplinario o la apertura de investigaciones disciplinarias.
En este momento un equipo de investigadores del programa ´Transparencia por la emergencia´, de la CGR, la FGN y la PGN, se encuentra en la sede de la Gobernación de Tolima recopilando pruebas determinantes para decidir en los próximos días si se convoca a audiencia de juzgamiento disciplinario.
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